Diputados de la LXII modifican los artículos 3º y 28 de la LGEEPA para incorporar la definición del concepto de ECOSISTEMA COSTERO.

 Esta iniciativa del PVEM se presentó desde el 22 de Febrero del año 2013 y tiene por objetivo fortalecer la protección a los ecosistemas costeros otorgando certeza jurídica en su definición. 

El pasado 14 de octubre en la asamblea del pleno de la Cámara de Diputados se discutió el dictamen con proyecto de Decreto correspondiente, mismo que ya había sido analizado y aprobado en la Cámara de Senadores y, como resultado de esa sesión se aprobó la propuesta con 401 votos y fue devuelta al Senado para los efectos del apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es para que el Senado lo turne al Ejecutivo para su Decreto.

Las modificaciones aprobadas y que serán decretadas próximamente quedaron con la siguiente redacción:

"En el artículo 3º., para los efectos de la Legepa (Sic), en la fracción VIII (Sic), la definición de ecosistema, agregando específicamente: serán ecosistemas costeros aquellos cuyo hábitat se ubique dentro de la zona costera mexicana".

En la fracción XXXVIII Bis, definir zona costera mexicana (el resaltado es nuestro) como espacio geográfico de interacción del medio acuático, terrestre y la atmósfera, constituido por una porción continental definida por 263 municipios costeros, 150 con frente de playa y 113 interiores adyacentes a estos con influencia costera alta y media. Una porción marina definida a partir de la plataforma continental delimitada por la isobara de 200 metros y una porción insolar (Sic) representada por las islas oceánicas y costeras". (Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 14 de octubre de 2014, ver documento anexo).

 

Son evidentes los errores conceptuales y de referencia al texto de la Ley del texto de la minuta, lo cual se deja de lado para un análisis posterior, es importante ahora analizar las definiciones que están a punto de ser decretadas, dada la trascendencia en el desarrollo económico del país y en la conservación de sus recursos naturales.

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2014

(Tomado de http://cronica.diputados.gob.mx, el 17 de octubre de 2014)

 

 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura

 

 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3o. y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión tiene el uso de la palabra la diputada doña Lourdes Adriana López Moreno, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Honorable asamblea, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, presentada por el senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

Dicho proyecto tiene por objeto fortalecer la protección a los ecosistemas costeros, otorgando certeza jurídica en su definición. De tal manera que se precisen con mayor claridad los límites físicos de la zona en donde una obra o actividad deberán ser sujetas a una autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Semarnat.

Las referencias físicas de la definición propuesta por el iniciador parten de una concepción de la Comisión Nacional para la Biodiversidad, a través de la cual se asevera que los litorales de nuestro país, sus amplias zonas costeras albergan una enorme riqueza de especies de flora y fauna en una amplia diversidad de ecosistemas.

Desde una perspectiva social el promovente reconoce los beneficios de los municipios ubicados en zonas costeras, derivados, entre otros, de actividades turísticas, las cuales disminuyen conforme los impactos negativos afectan a este tipo de ecosistemas. En consecuencia, estiman preciso evaluar el impacto ambiental de las actividades que ponen en riesgo el equilibrio ecológico de los ecosistemas costeros, procurando el equilibrio entre el desarrollo a las diversas actividades y la protección ambiental.

La colegisladora retoma la definición del término ecosistema previsto en la fracción VIII del artículo 3 de la LGPA en los siguientes términos: ecosistema es la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí, y de estos con el ambiente y un espacio o tiempo determinado.

La minuta enviada por el Senado refiere que no obstante la biodiversidad de los ecosistemas y la riqueza de los servicios ambientales que prestan, la existencia de vacíos legales genera falta de certeza jurídica en la protección de los ecosistemas costeros, ello en alusión a la preocupación del promovente por la falta de una definición legal de los ecosistemas costeros, y que a pesar de que estos se encuentran en la zona costera y están protegidos por algunos ordenamientos jurídicos, tales disposiciones no han tenido la eficacia para detener el menoscabo de los ecosistemas costeros y el aumento de los desarrollos inmobiliarios en dicha zona.

Por otro lado, refiere que en 2012 fue publicada la política nacional de mares y costas, elaborada por la Comisión Intersecretarial para el manejo sustentable de mares y costas, cuyos objetivos están orientados a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones costeras, a fortalecer las economías locales, a mejorar la competitividad regional y asegurar la estructura y función de los ecosistemas marinos y costeros.

Esta política nacional contempla como línea de acción delimitar la zona costera de México basada en criterios ambientales que permitan la mejor representación de los procesos del complejo continente, océano, atmósfera, para establecer la base territorial de su instrumentación y circunscribir territorialmente los esquemas de gestión y coordinación.

En base a lo anterior, el Senado de la República aprobó y remitió a esta Cámara de Diputados, mediante minuta correspondiente, el proyecto de decreto para reformar la LGPA.

Particularmente, en el artículo 3, fracción VIII define lo señalado como ecosistemas costeros, manejando una medición en la que comprenden porciones marinas, acuáticas o terrestres que abarcan en el mar a partir de una profundidad de al menos 200 metros hasta 100 kilómetros tierra adentro o 50 metros de elevación.

Esta elevación nos resulta preocupante a las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados, por lo que discrepamos en este señalamiento en la colegisladora, replanteando entonces en nuestro dictamen las modificaciones propuestas a diversos artículos de la Legepa.

Si bien es cierto reconocemos la acertada definición de ecosistemas y además que se haya tomado en cuenta la definición de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, comisión concebida específicamente para análisis científico y técnico de temas ambientales, sí nos parece importante que después de un análisis detallado para los efectos de las fracciones del artículo 72 constitucional, consideramos poner a su consideración el proyecto de decreto que reforma la Legepa, considerando únicamente las siguientes modificaciones:

En el artículo 3o., para los efectos de la Legepa, en la fracción VIII, la definición de ecosistema, agregando específicamente: serán ecosistemas costeros aquellos cuyo hábitat se ubique dentro de la zona costera mexicana.

En la fracción XXXVIII Bis, definir zona costera mexicana como espacio geográfico de interacción del medio acuático, terrestre y la atmósfera, constituido por una porción continental definida por 263 municipios costeros, 150 con frente de playa y 113 interiores adyacentes a estos con influencia costera alta y media. Una porción marina definida a partir de la plataforma continental delimitada por la isobata de 200 metros y una porción insolar representada por las islas oceánicas y costeras.

Finalmente la modificación al artículo 28, donde el cual determina las evaluaciones de impacto ambiental considerando en su fracción X, obras y actividades en numerales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como sus litorales o zonas federales, agregándose que en el caso de actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias se estará dispuesto a la fracción XII de este artículo que en sí define las actividades que requieren de manifiesto de impacto ambiental.

Sin lugar a dudas es necesaria esta modificación para poder tener una definición adecuada de ecosistema costero y a partir de ello una aplicación adecuada de la normatividad ambiental en nuestro país y con ello garantizar la estabilidad de estos importantes ecosistemas para nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada López Moreno.

Saludamos a alumnos, a alumnas, de la Escuela Telpochcalli, del Valle de Chalco, que han sido invitados por el diputado Arturo Cruz Ramírez. Sean bienvenidos y bienvenidas.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ahora para la fijación de posturas, en la discusión del dictamen que nos ocupa le otorgo el uso de la palabra a la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados. Nuestro país ocupa el décimo segundo lugar a nivel mundial de extensión litoral y superficie marina con aproximadamente 11 mil 122 kilómetros de litoral y una zona económica exclusiva de tres millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados.

La interacción entre aguas tropicales y templadas, la confluencia de zonas biográficas y las fisiográficas del litoral del país, nos permiten reconocer que contamos con una alta diversidad de ambientes costeros y marinos en los cuales habita un componente esencial de la megadiversidad de México.

El hecho es que México se encuentra rodeado por cuatro mares: Pacífico, Golfo de California, Golfo de México y el Caribe. Le conceden grandes niveles de riqueza, de especies, diversidad de flora y fauna, endémicos incomparables en los continentes.

Pero también las principales amenazas que afectan y perjudican la biodiversidad costera son la contaminación, la sobrepesca, la pesca ilegal y no regulada y no reportada, la práctica de pesca destructiva, la degradación y destrucción del hábitat por cambio de uso de suelo, el cambio climático y la construcción de desarrollo inmobiliarios innecesarios donde los recursos costeros se han asociado a las debilidades en el marco jurídico e institucional que rigen la administración y la gestión de las zonas costeras, como la falta de seguimiento de monitoreo de principios basados en ecosistemas, un bajo interés en el cuidado de las cosas en el plano política y la persistencia de subsidios mal empleados que provocan la sobreexplotación, la poca educación y la conciencia pública.

En ese sentido, resulta necesario que México trabaje e implemente medidas de acciones para mantener la diversidad biológica, la productividad, los ecosistemas, los hábitats sujetos a la jurisdicción nacional.

No obstante la biodiversidad de los ecosistemas costeros y la riqueza de los servicios ambientales que prestan, se ven mermados por los vacíos legales que generan la falta de certeza jurídica en la protección de los ecosistemas costeros, por lo que es conveniente e importante señalar una definición de los ecosistemas costeros, ya que a pesar de que éstos se encuentran en la zona costera están protegidos por algunos ordenamientos jurídicos que no han contado con eficacia para detener el menoscabo de los ecosistemas costeros.

Debemos priorizar que la conservación de la diversidad biológica costera tendrá como principal objetivo fortalecer la protección de los ecosistemas costeros, otorgando certeza jurídica en su definición, de tal manera que se precise con mayor claridad los límites físicos de las zonas donde una obra o actividad deben de ser sujetas a una autorización en materia de impacto ambiental por la Semarnat.

El concepto de ecosistemas costeros debe contener en su definición los conceptos relativos a los usuarios de las mismas, el ambiente, la corresponsabilidad intergubernamental en la administración de riesgos ambientales, la reestructuración de ecosistemas y la protección de todos los ecosistemas que estén incluidos en las costas.

Compañeras y compañeros diputados, la biodiversidad costera en México es valorada como un componente esencial para el desarrollo socioeconómico del país por lo que las políticas e instrumentos gubernamentales deberán incluir acciones que permitan su preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable con base en el conocimiento científico y técnico.

En Nueva Alianza apostamos por la protección del medio ambiente y su biodiversidad, por ello será prioridad coordinar las acciones para la atención de los aspectos que afecten al ecosistema costero y con ello contribuir a un gran fortalecimiento.

Es por ello que daremos nuestro voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente y muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Diputada Loretta Ortiz, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el proyecto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., y 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

El objetivo es dar una definición jurídica al concepto de ecosistema costero, pues actualmente no existe y eso genera un vacío legal que ha sido una de las causas de deterioro de los ecosistemas costeros nacionales.

Sin duda proteger la riqueza ambiental nacional es una de las prioridades de nuestro quehacer legislativo. Parte de ella es definir con claridad los espacios, ecosistemas, las relaciones ambientales, sociales y culturales de los mexicanos con su entorno para de esta forma identificar con claridad las amenazas, riesgos que corre nuestra naturaleza, y aplicar las políticas públicas necesarias para evitarlo.

El ecosistema costero es uno de los que causan mayor controversia; no somos conscientes de todo lo que implica para nuestro país, para la naturaleza y para las personas que habitan en él.

En principio los ecosistemas costeros son la principal fuente de intercambio vital entre el mar y la tierra.

Recordemos que entre las teorías más aceptadas sobre el desarrollo de la vida en el planeta se parte del nacimiento de los primeros microorganismos en el mar  y su evolución en organismos más complejos para permitir su adaptación a la tierra, es decir, el intercambio mar-tierra que se da en los ecosistemas costeros es vital para el mantenimiento de la vida en el planeta.

Por otro lado, los ecosistemas costeros han permitido el mantenimiento de las comunidades locales y la subsistencia de muchas familias, pues ahí desarrollan actividades económicas diversas como la pesca, la agricultura, el comercio, aduanas y turismo de las que dependen las mencionadas familias.

Hasta hace un par de décadas, con algunas excepciones, el crecimiento de las zonas urbanas en las zonas costeras había sido relativamente bajo; sin embargo, en los últimos años el crecimiento urbano y la construcción inmobiliaria en las zonas costeras han crecido de manera importante.

Esto puede ocasionar un peligro en varias dimensiones: la primeras es el rápido crecimiento de las zonas habitacionales en asentamientos irregulares y latente el peligro de colapso de los servicios sin la infraestructura urbana.

La segunda, el deterioro de las relaciones comunitarias entre habitantes tradicionales y los nuevos residentes. A pesar de ser un proceso natural en el crecimiento de los espacios urbanos, la velocidad con la que se puede dar esta transición conlleva el peligro de conflictos por el traslado de servicios.

El tercer, en el mismo sentido que los anteriores, son los conflictos que se pueden ocasionar entre las comunidades locales en algunos casos y de manera especial con los indígenas con autoridades y desarrolladores inmobiliarios debido a la propiedad de la tierra.

Por todas las razones antes mencionadas y por la conveniencia en adoptar este dictamen, el Partido del Trabajo votará a favor del mismo. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado. Gracias, diputada Loretta Ortiz. Diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para que fije la postura de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Muchas gracias, Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros: las áreas litorales son sin duda de las zonas que representan mayores ingresos al país, ya sea por sus bellas playas, zonas pesqueras, por su vegetación o sus áreas ecológicas como los arrecifes de coral protegidos por el gobierno federal o los más de 800 kilómetros de áreas nacionales protegidas costeras y campamentos tortugueros.

Los senadores de la república turnaron a esta Cámara la iniciativa que pretende reformar y adicionar ciertas disposiciones de los artículos 3 y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y establecer, dentro de la misma, una definición legal para el término jurídico ecosistema costero.

Esta definición, desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano vamos a apoyarla por supuesto, pero si bien es cierto que la protección al medio ambiente en sus diferentes ecosistemas es una obligación y responsabilidad del Estado, también lo es que no debemos reducir nuestra actividad legislativa a las reformas y adiciones de los conceptos.

El radio de acción de ésta debe generar las condiciones para alcanzar la eficacia de la norma. Es decir, proteger la biodiversidad de nuestro país es loable, pero más loable sería que en un acto de reflexión este pleno considerara la modificación al tema tan discutido hace apenas cinco meses, me refiero a la posibilidad que se le aperturó a los extranjeros de adueñarse de nuestras playas, pues recordemos que antes de aquella fatal reforma, se prohibía totalmente la adquisición de tierras en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas, cuestión que en el presente ya no existe.

Y hoy se están generando conflictos sociales por este tema, basta ver nada más lo que está sucediendo en el estado de Oaxaca, Santa María Huatulco y en San Pedro Pochutla; hoy los comuneros están revelándose y con justa razón están manifestándose, y quien no posee el amor por la tierra no la va a conservar. Y ustedes, compañeras y compañeros, saben muy bien que lo que no es nuestro, a veces no lo cuidamos, el extranjero solamente va a venir a deteriorar nuestro medio ambiente.

La mejor forma de seguir conservando este país y nuestro medio ambiente, es echar atrás esta reforma tan lesiva para las mexicanas y los mexicanos. México tiene el compromiso con su naturaleza. Nuestro país ha firmado 77 tratados internacionales o acuerdos interinstitucionales en materia del medio ambiente.

Los primeros convenios registrados datan desde hace más de 40 años y son en materia de protección de flora y fauna, aves migratorias y mamíferos cinegéticos y los literales de contaminación. Es decir, desde mediados del siglo pasado se ha estado trabajando en conjunto con la mayoría de los países del mundo, y al parecer, otorgando mayor importancia al tema. Sin embargo, seguimos deteriorando nuestros litorales, se siguen contaminando las aguas como el caso del río Sonora.

¿Qué está pasando? Ya hay reglamento en tema del medio ambiente. ¿Qué sucede? Pongámonos a pensar y a reflexionar un rato, es nuestra casa la que estamos contaminando. Y enhorabuena por la Comisión del Medio Ambiente de la cual yo formo parte, pero diputadas y diputados, hagamos una reflexión desde nuestro interior.

México necesita recuperar nuevamente la propiedad de su territorio, de lo contrario, estamos viviendo en una amenaza latente. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra ahora la diputada Claudia Elena Águila Torres, por el Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Claudia Elena Águila Torres: Con permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante, diputada.

La diputada Claudia Elena Águila Torres: Las zonas costeras tienen una función indispensable para el equilibrio ecológico, este espacio donde se une el mar con la parte continental es ampliamente reconocida como uno de los más importantes elementos de la naturaleza, tiene una amplia diversidad de ambientes y recursos, pero a la vez es un área muy frágil y vulnerable al estar expuesta ante los embates ambientales, como los huracanes y tormentas.

De lo anterior surgen la importancia de la reforma al artículo 3o., el artículo 28 y la adición al mismo artículo 3o. de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para adicionar y precisar el ecosistema costero, así como la delimitación de la zona costera mexicana.

Es precisamente la interacción de ambientes lo que caracteriza a las zonas costeras del mundo y el balance de estas interacciones origina ecosistemas con características ambientales únicas regidos a su vez por procesos físicos, químicos y biológicos dinámicos.

Los procesos y los ambientes costeros están sujetos a cambios que varían ampliamente en la escala geográfica, el tiempo y su duración. Al combinarse crean sistemas biológicamente muy productivos, pero también vulnerables a las presiones ambientales provenientes de las diversas actividades humanas.

La riqueza y diversidad de recursos que existen en las zonas costeras llevan la correspondiente concentración de actividades y asentamientos humanos a lo largo de los litorales y estuarios en todo el mundo.

Como resultado de lo anterior se estima que cerca de la mitad de la población humana vive en o cerca de las zonas costeras y, aunque la densidad ocupacional varía ampliamente en las diferentes regiones, hay una tendencia general a moverse de las áreas continentales hacia las costas.

A pesar de su importancia la zona costera es una de las más perturbadas del planeta. La contaminación, la industrialización, el turismo, los asentamientos humanos, el cambio de uso de suelo en el sector agrario para dar paso a poblados y ciudades, la producción agrícola, la pesca, entre otros factores, impactan de manera continua la sustentabilidad de los ambientes costeros.

Así, el mayor reto que enfrenta la humanidad ahora es administrar correctamente el uso de la franja costera, de tal manera que las actuales y futuras generaciones puedan disfrutar de sus recursos visuales, culturales, ambientales, energéticos y alimentarios.

Esta iniciativa reconoce la importancia que tienen nuestras fronteras naturales con el mar, aún falta legislar en materia más específica para garantizar la protección adecuada, por lo que el Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra ahora la diputada Patricia Lugo Barriga, por el Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Patricia Lugo Barriga: Gracias, presidenta. Me gustaría resaltar en mi intervención dos puntos importantes que aporta esta iniciativa. La primera, la importancia del trabajo legislativo de las Comisiones en ambas Cámaras, y dos, lo relevante del contenido de esta iniciativa.

Primero quiero empezar reconociendo la labor que tanto las Comisiones unidas de la Cámara de Senadores y la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta soberanía a la que me honro en pertenecer, han realizado a través del análisis y la discusión de este proyecto referido a las zonas costeras mexicanas, presentando una iniciativa que retoma el mayor y mejor interés de la nación con una visión integral y sustentable del uso de los recursos naturales, humanos y sociales.

La propuesta que ahora se presenta fue enriquecida en todo el proceso legislativo a partir de las valiosas aportaciones de los diputados y las diputadas miembros de Comisiones encargadas de su revisión. Este es un terabajo que hay que resaltar y reconocer.

Ahora me gustaría entrar en materia y abordar la importancia que tiene la modificación que se propone a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con la finalidad de proteger y preservar las zonas costeras de nuestro país.

Somos privilegiados al contar con poco más de 11 mil kilómetros de costas, donde la diversidad de ecosistemas marinos y costeros genera una gran riqueza y servicios ambientales de un valor incalculable.

Algunos ejemplos de ello son los arrecifes coralinos, espacios de reproducción y alimentación de una gran variedad de especies de fauna marina, y los humedales y lagunas costeras, que generalmente están ubicadas en zonas de transición entre la tierra y el mar, convirtiéndose en espacio de crianza y larvario de muchas especies.

Igualmente, es importante resaltar que la gran variedad de plantas marinas absorben una mayor cantidad de carbono que las plantas terrestres, aportando en consecuencia una elevada proporción de oxígeno.

Así, podemos ir enumerando las ventajas de mantener en equilibrio las zonas costeras, sin embargo, múltiples factores amenazan el frágil equilibrio de estos sistemas complejos y que se complementan en la reproducción de ecosistemas terrestres y marinos.

El dictamen que presenta la Comisión de Medio Ambiente tiene como propuesta la modificación y adición al artículo 3o y artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, incorporando la definición de zona costera mexicana, la cual es retomada de los importantes trabajos de investigación que realiza la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), al igual que establecer los ecosistemas de la costa como una parte de los diversos ecosistemas que interactúan en la zona costera mexicana.

Con estas iniciativas el Poder Legislativo trabaja para atender los grandes problemas que atentan contra el equilibrio ecológico de las zonas costeras y que permiten que la pesca, la acuacultura, el turismo, la actividad portuaria, el aprovechamiento de energías convencionales y no convencionales se realice en estricto apego a la ley, respetando los principios de sustentabilidad, protección y cuidado al medio ambiente. Esto nos permite además homologar la normatividad en la materia y orientar la acción pública hacia una gestión integral de las zonas costeras.

Como legisladores de Acción Nacional apoyamos esta iniciativa, ya que consideramos que la protección de nuestros recursos naturales, tanto en el continente como en los mares es la garantía de generar una mayor riqueza a través del empleo y el aprovechamiento racional de nuestros recursos. Es cuanto, muchas gracias por su apoyo.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Lugo. Tiene la palabra el diputado Raymundo King de la Rosa, del Partido Revolucionario Institucional, para fijar posición, hasta por cinco minutos.

El diputado Raymundo King de la Rosa: Gracias. Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el fortalecimiento de la protección a los ecosistemas costeros resulta un pendiente ineludible, pues los litorales de nuestro país contenidos estas amplias zonas albergan una enorme riqueza de especies, tanto animales como vegetales, en una amplia diversidad de ecosistemas interrelacionados, que no pueden ser divididos si se busca protegerlos de forma efectiva.

La valía de estos ecosistemas no es sólo ambiental y ecológico, sino también económica, ya que los beneficios de los municipios ubicados en zonas costeras derivado —entre otras— de actividades turísticas son innegables. Sin embargo, estos han disminuido conforme a los impactos negativos, lo cual afectan toda vez en lo que se merma el atractivo del destino turístico.

En consecuencia, resulta preciso considerar el impacto ambiental de las actividades que ponen en riesgo la viabilidad de los ecosistemas costeros, procurando el equilibrio ante el desarrollo de las diversas actividades económicas y la protección ambiental, a partir de una definición jurídica adecuada que incida favorablemente en el tratamiento normativo del ecosistema en cuestión.

La zona costera mexicana incluye una amplia diversidad de ecosistemas de singular importancia en las materias ambiental, social y económica, por lo que debe de reconocerse que esta contiene hábitats productivos que pueden favorecer la creación de nuevos asentamientos, incrementando la población humana en las costas, por lo que consideramos que las referencias jurídicas que abarquen todo tipo de ecosistemas y que permitan que la autoridad proteja sustentablemente en el análisis de las particularidades ecológica y biofísicas de los ecosistemas costeros, deben ser claras para garantizar certidumbre y certeza en materia ambiental.

La importancia de tener definiciones claras es generar ordenamientos de asentamientos humanos para las costas, que fomenten el desarrollo integral y sostenible en las zonas costeras, así para disminuir la degradación de la zona costera, coadyuvando con las estrategias implementadas por los órdenes del gobierno federal y estatal que puedan prevenir el deterioro de estos ecosistemas.

En el Grupo Parlamentario del PRI, en esta soberanía, consideramos que la definición del término ecosistema como la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempos determinados, inserta en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente es afortunada, por lo que su adecuación a la zona costera y a los ecosistemas que en ella se relacionan es saludable y necesaria.

Es así, que votaremos a favor de considerar a la zona costera mexicana como el espacio geográfico donde interactúa el medio acuático, el terrestre y la atmósfera, constituida por 263 municipios costeros, 150 con frente de playa y 113 interiores adyacentes a estos, con influencia costera alta y media, una porción marina definida a partir de la plataforma continental y una porción insular representada por las islas oceánicas y costeras.

Esta definición precisa siempre las bases para una correcta y adecuada protección ambiental y de desarrollo de la zona costera mexicana en aras de un desarrollo sostenible, que va acompañado de responsabilidad ambiental. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Raymundo King de la Rosa.

Saludamos ahora a los alumnos de la preparatoria Profesora Rosario Graciela Hidalgo Moreno, de San Bernabé Temoxtitla, de Puebla, invitados por el diputado Julio César Lorenzini Rangel. Bienvenidos.

Esta Presidencia saluda a diputados locales del Congreso de Nayarit, que se encuentran entre nosotros Eddy Omar Trujillo López y Miguel Pável Jarero Velázquez, invitados por la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenidos.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Vamos a entrar ahora a la discusión. Y en pro de este dictamen tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Compañeros y compañeras diputados. Bueno, como ya lo expresó nuestra compañera diputada Aida Valencia, Movimiento Ciudadano votará a favor de esta iniciativa que propone modificar el artículo 3 y 18 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.

Estamos a favor porque nos parece razonable la incorporación de este concepto de ecosistema costero. Sin embargo, quiero aprovechar para señalar ante ustedes, que no obstante algunas de las bondades de estas modificaciones y de la Ley de Equilibrio Ecológico, es contrastante con la realidad de su aplicación.

Derivado de la vocación explotadora y privatizadora del gobierno de la República, del que ni las propias playas nacionales se han escapado, a ese hecho se suma también la actitud voraz de empresas mineras nacionales que actúan como consentidas del régimen.

Hace unos días, desde hace días ha sido motivo de ocupación frecuente en esta tribuna el tema de Minera México, pero también tenemos el tema de la minera San Javier, ubicada en San Luis Potosí y cuyas instalaciones están precisamente asentadas sobre el acuífero que abastece de agua a una comunidad de dos millones de habitantes.

Desde 2007 fue dictaminado el impacto negativo que tenía la operación de la minera sobre este acuífero. Sin embargo, mediante una serie de tretas jurídicas y con el apoyo y complicidad de autoridades municipales, estatales y nacionales, volvió a operar Minera San Javier violando una serie de restricciones que pretendían salvaguardar la pureza del acuífero.

Y es así que ahora nos encontramos con niños con altos índices de metales pesados, decenas de niños de la ciudad de San Luis Potosí que ven amenazada su salud.

Como si algo faltara para que este problema fuera lo suficientemente grave, la empresa minera San Xavier tiene almacenadas cien a la intemperie y asentadas sobre el mismo acuífero 120 millones de toneladas de materiales sulfurosos saturados de metales pesados que están siendo depositados a unos cuantos metros de la zona norte y poniente del área urbana, y como les decía exactamente encima del acuífero.

Para poner límites a esta actitud depredadora de la minera desde 1993 se declaró a la zona oriente del valle como de Preservación de la vida silvestre con el ánimo de proteger este acuífero; decía que en 2007 volvió a operar la mina sobre las viejas reglas.

Así que aprovecho esta ocasión para hacer un llamado a las autoridades responsables de la protección ambiental en el país, con el propósito de que atiendan este problema antes de que sea mayor y se convierta en una de las grandes tragedias como la que ya conocimos en el estado de Durango y en el Río Sonora. Gracias a todos por su atención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Alfonso Durazo.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Honorable asamblea, se ha agotado la lista de oradores y en atención a que en términos del artículo 109 del Reglamento de esta Cámara no se ha reservado para la discusión en lo particular artículo alguno, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico para recibir la votación en un solo acto, ciudadana secretaria, y hasta por cinco minutos en efecto.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por cinco minutos.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por cinco minutos.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De viva voz, señora secretaria.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Sí, presidente. Diputada.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul): A favor

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio González Valdez (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): A favor.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras (dese la curul): A favor.

El diputado Ricardo Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Damián Zepeda Vidales (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (desde la curul): A favor.

La diputada María Guadalupe Sánchez Santiago (desde la curul): A favor.

La diputada María Celia Urciel Castañeda (desde la curul): A favor.

El diputado Germán Pacheco Díaz (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Peña Avilés (desde la curul): A favor.

La diputada Blanca Jiménez Castillo (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Francisco Cázares de la Fuente (desde la curul): A favor.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel (desde la curul): A favor.

El diputado Rafael González Reséndiz (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 402 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3o y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, por 401 votos. Se devuelve al Senado para los efectos del apartado E del artículo 72 de la Constitución de nuestro país.

 

 

Publicado en Legislación

Hacia una nueva visión del REIA

Han transcurrido 14 años de la entrada en vigor del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), catorce años de experiencias en su aplicación, tanto por la autoridad como por los ciudadanos, empresarios y sociedad en general. Catorce años de avances y de retrocesos, de éxitos y de fracasos.

Catorce años, en un lapso de 37 años que tiene de aplicarse el procedimiento de EIA en nuestro país es mucho tiempo, ¿Cuál podría ser el balance en la valoración de la eficacia del REIA?, sin lugar a dudas y en consonancia con la propia naturaleza del procedimiento de evaluación del impacto ambiental (EIA), las opiniones que pudieran emitirse estarán saturadas de la percepción que el interés de quien las emite pudiera imprimirle; pero más que una opinión, lo que apremia es la necesidad, cada vez mas evidente de hacer un alto en el camino y analizar a profundidad hacia donde nos lleva la EIA basada en un instrumento que muestra evidencias de obsolescencia.

Desde su promulgación en mayo del año 2000, el REIA fue catalogado como un instrumento de vanguardia, basta volver a leer el informe de la autoridad publicado en ese año1 para recordar todos los atributos que se le adjudicaban y, estamos convencidos que no estaban equivocados, sin embargo en este lapso han ocurrido grandes cambios en lo administrativo y en el propio ambiente natural, cambios que han incidido en la formación de una corriente, cada vez más generalizada de opinión en el sentido de cuestionar la vigencia de la eficacia de dicho instrumento. No se cuestiona la utilidad que tuvo en el pasado, se discute la función que tiene y que tendrá ese reglamento, ante las realidades que hoy enfrenta la gestión ambiental.

A pesar de que, desde su redacción inicial, el REIA parecía que obedecía a un intento por perfeccionar las disposiciones de la LGEEPA, ese intento resultó, en algunos casos, en el surgimiento de confusiones o en la aplicación de disposiciones administrativas que han propiciado reiteradas confrontaciones con los promoventes de los proyectos sometidos al discernimiento de la autoridad. Un ejemplo claro de ello es el requerimiento que hace el artículo 44 del REIA, particularmente al ordenar a la autoridad que al evaluar una MIA considere, entre otros rubros: que la utilización de los recursos naturales se haga en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos. Tal disposición va más allá de las que establece el artículo 35 de la LGEEPA en las fracciones “a” a “c” de su fracción III, por cuanto se refiere a la motivación que debe asumir la autoridad al momento de evaluar y decidir el destino de una MIA,; independientemente del trastocamiento de la disposición legal, la disposición reglamentaria induce a conflictos técnicos y científicos de primer nivel al ordenar a la autoridad que al evaluar considere la integridad funcional…., de los ecosistemas, sin ofrecer, por lo menos la definición y el alcance que la autoridad debe encontrar en la MIA en evaluación, respecto a tal concepto.

Otros casos similares que evidencia el REIA, destaca por ejemplo la publicación del extracto del proyecto a que se refiere la fracción I del artículo 34 la LGEEPA, disposición que alcanza otra dimensión en la fracción primera del artículo 41 del Reglamento y que por disposición administrativa actualmente es obligación sine qua non a que se sujeta la aceptación o el desecho de la solicitud de evaluación de una MIA. Es importante destacar: no se discute la utilidad y la necesidad, totalmente justificada de difundir la información que describa un proyecto para informar a la sociedad de su gestión, sino de la carencia de un fundamento que no condicione esa obligación solo al procedimiento de consulta pública, como actualmente está inscrito en la Ley. 

Desde definiciones sustantivas (como la que define lo que es el impacto ambiental significativo que le da la razón de ser a las MIA’s, dado que así lo establece la fracción XXI del artículo 3º de la LGEEPA), hasta en procedimientos de primerísima importancia como la consulta pública, el REIA muestra cada vez más sus deficiencias y la necesidad apremiante de superarlas.

En éste análisis es importante comentar la vigencia y la utilidad del procedimiento de participación pública, en su origen visto como un instrumento de vanguardia que iba a democratizar la toma de decisiones; con el paso del tiempo la realidad ha trastocado el deseo de quienes diseñaron esta etapa del procedimiento; la consulta pública y su expresión en la reunión pública de información, pergeñada como está escrita en el artículo XX del REIA se ha convertido en un escaparate de diletantes y en el mostrador comerciantes de inconformidades, plagado de incongruencias, manifestación de posiciones e incluso de exhibicionismo aprovechado por pseudo ambientalistas que han desviado esta invaluable herramienta de que dispone la sociedad de su objetivo que buscaba partir del análisis profesional de las iniciativas sometidas al procedimiento de EIA para, en ese evento obtener la información que permitiera a la sociedad formarse una opinión más profunda del proyecto en evaluación y externar a la autoridad sus argumentos, basados en precisiones técnicas y/o científicas.

En otro sentido, la naturaleza de diversas consideraciones de naturaleza económica definen la justificación de someter obras o actividades al procedimiento, como por ejemplo cuando se establece que las actividades pesqueras en altamar, ribereñas o estuarinas, deben someterse al procedimiento de impacto ambiental si tienen fines comerciales.

Muchas de estas imprecisiones son el origen de percepciones equivocadas, cuando no arbitrarias de autoridades, particularmente en las Delegaciones Federales de la SEMARNAT, que imponen su percepción en contra incluso del sentido lógico de la disposición.

De estos ejemplos surge una interrogante: el que el REIA sustente la decisión de qué debe y que no debe someterse al procedimiento de EIA, mediante una lista taxativa, ¿ha sido útil?, ¿puede sostenerse hacia el futuro?. Las excepciones ahí establecidas, son lo suficientemente objetivas para que el ciudadano pueda hacer valer sus derechos al respecto?.

Algunos otros rubros del REIA, como el que decide los supuestos que debe reunir un proyecto para ser sometido a la EIA a través de la modalidad regional de la MIA es importante discutirlos, no solo desde el análisis semántico de los conceptos que los integran, sino desde su connotación ambiental; así en el alcance de una MIA regional, el REIA obliga a identificar, describir y evaluar los impactos ambientales, acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional, independientemente de cualquier cosa que signifique este concepto, es de entender que el gobernado esta obligado a aventurarse en obtener información de amplia cobertura para identificar iniciativas potenciales que habrán de desarrollarse en la región y que pudieran propiciar impactos al ambiente con características d acumulación o de residualidad y, en ese mismo sentido se obliga al particular, prácticamente a imposibles.

En los párrafos anteriores hemos citado al tipo de impactos acumulativos y en torno a ellos el REIA muestra debilidades evidentes; de hecho, de las dos modalidades de MIA´s que define el REIA, éste solo obliga al promovente a identificar ese tipo de impactos en la MIA regional, más no hace lo propio en la modalidad con la que se promueven la mayor parte de las obras y actividades, esto es la MIA particular, de tal forma que el efecto acumulativo de proyectos evaluados mediante una MIA-p, establecidos en un mismo espacio geográfico pudiera ser la causa La relación de alcances del actual REIA que deben ser analizados es vasta y los consultores de México debemos iniciar un proceso de discusión del instrumento que identifique propuestas que se presenten a la autoridad para motivar la revisión y la actualización de ese importante instrumento.

En esa revisión y actualización, los agremiados de la AMIA y los consultores que aún no son miembros de nuestra Academia, así como inversionistas, investigadores y en general, miembros de la sociedad, debemos participar activamente, por ello abrimos este foro de análisis al cual estamos convocando; la participación de todos es fundamental ya que se abre la posibilidad de inducir un cambio benéfico para el sector de la consultoría, de enorme utilidad para la gestión ambiental y, esperamos de mayor eficiencia en hacer realidad la política de prevenir el impacto al ambiente que puede propiciar el desarrollo del país.

Te invitamos a participar enviando tus opiniones a nuestro correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., las opiniones que se reciban serán integradas en una propuesta base que habremos de discutir en el foro presencial al que convocaremos en la primera quincena del mes de Octubre del presente año. Todas las opiniones y propuestas son Bienvenidas.

Saludos cordiales

 Biól. J. Ricardo Juárez Palacios

1SEMARNAP.2000. La evaluación del impacto ambiental. Instituto Nacional de Ecología, logros y retos para el desarrollo sustentable, 1995 - 2000. Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental. SEMARNAP. México.

Solicite su acceso al foro electrónico en:  http://www.amia.org.mx/forum/index

 

 

Publicado en Legislación

El costo por la contaminación ambiental en México asciende a 532 mil 679 millones de pesos, informó Gustavo Alanís Ortega director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

En el marco del Congreso “Hacia Ciudades Saludables y Competitivas”, el ambientalista explicó que la contaminación representa los mayores costos por degradación ambiental desde el 2009, y así lo confirma el último reporte del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas México 2012, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), donde este concepto se mantiene en el primer lugar, cuantificándose en 532 mil 679 millones de pesos.

De igual manera, dijo, que el Sistema Nacional de Salud indica que la mortalidad por enfermedad respiratoria es la tercera causa de muerte en niños y niñas de cero a cuatro años de edad. "En ese sector de la población ocurre, además, el 90 por ciento de las muertes por infección respiratoria aguda y el seis por ciento de la mortalidad por asma. Asimismo, del año 2000 al 2010 el porcentaje de nacimientos con bajo peso se incrementó de 5.9 por ciento a 8.9 por ciento.

Por su parte, Dan Greenbaum Presidente de Health Effects Institute (HEI) comentó que resumieron y sintetizaron alrededor de 700 estudios sobre efectos en salud debido al tránsito, encontrándose que las mayores exposiciones a la contaminación se presentan entre 300 a 500 metros de las avenidas principales, lo cual evidencia de que esto tiene especial efecto en la exacerbación del asma en niños.

Asimismo, advirtió que en México, entre el 53 y 65 por ciento de la población vive justo en zonas de alto impacto. Además, confirmó que la contaminación está asociada a muertes por cáncer en los pulmones, infartos cardíacos y cerebrales. Comentó que en México hubo en 2010, 20 mil 500 muertes prematuras por contaminación.

Por lo anterior, los especialistas que participaron en congreso, dijeron que una ciudad competitiva es aquella que puede garantizar el desarrollo y las inversiones, por lo que la contaminación ambiental es un factor de riesgo para que se pierda la competitividad.

En su oportunidad Rafael Pacchiano Alamán, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), destacó que México tiene dos principales emisores de contaminantes de gases de efecto invernadero y el primero, a partir del 2010, es el sector de auto transporte que utiliza combustibles de baja calidad y que provoca que haya altas emisiones.

“También provoca que haya una flota que no tiene la mejor tecnología disponible y que se registre mucha contaminación en zonas urbanas”. El funcionario afirmó que están concentrados en que los beneficios de la Reforma Energética sean inmediatos para garantizar mejores combustibles, con menores precios y una mejor tecnología en el sector automotriz.

Finalmente informó que actualmente en el país se están llevando a cabo un programa piloto de reconversión la flota vehicular del transporte público a sistemas que utilicen gas natural.

Fuente: http://www.tabascohoy.com/2/notas/index.php?ID=183884#sthash.9SMGCkCQ.dpuf

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