Diputados de la LXII modifican los artículos 3º y 28 de la LGEEPA para incorporar la definición del concepto de ECOSISTEMA COSTERO.

 Esta iniciativa del PVEM se presentó desde el 22 de Febrero del año 2013 y tiene por objetivo fortalecer la protección a los ecosistemas costeros otorgando certeza jurídica en su definición. 

El pasado 14 de octubre en la asamblea del pleno de la Cámara de Diputados se discutió el dictamen con proyecto de Decreto correspondiente, mismo que ya había sido analizado y aprobado en la Cámara de Senadores y, como resultado de esa sesión se aprobó la propuesta con 401 votos y fue devuelta al Senado para los efectos del apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es para que el Senado lo turne al Ejecutivo para su Decreto.

Las modificaciones aprobadas y que serán decretadas próximamente quedaron con la siguiente redacción:

"En el artículo 3º., para los efectos de la Legepa (Sic), en la fracción VIII (Sic), la definición de ecosistema, agregando específicamente: serán ecosistemas costeros aquellos cuyo hábitat se ubique dentro de la zona costera mexicana".

En la fracción XXXVIII Bis, definir zona costera mexicana (el resaltado es nuestro) como espacio geográfico de interacción del medio acuático, terrestre y la atmósfera, constituido por una porción continental definida por 263 municipios costeros, 150 con frente de playa y 113 interiores adyacentes a estos con influencia costera alta y media. Una porción marina definida a partir de la plataforma continental delimitada por la isobara de 200 metros y una porción insolar (Sic) representada por las islas oceánicas y costeras". (Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 14 de octubre de 2014, ver documento anexo).

 

Son evidentes los errores conceptuales y de referencia al texto de la Ley del texto de la minuta, lo cual se deja de lado para un análisis posterior, es importante ahora analizar las definiciones que están a punto de ser decretadas, dada la trascendencia en el desarrollo económico del país y en la conservación de sus recursos naturales.

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2014

(Tomado de http://cronica.diputados.gob.mx, el 17 de octubre de 2014)

 

 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura

 

 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3o. y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión tiene el uso de la palabra la diputada doña Lourdes Adriana López Moreno, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Honorable asamblea, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, presentada por el senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

Dicho proyecto tiene por objeto fortalecer la protección a los ecosistemas costeros, otorgando certeza jurídica en su definición. De tal manera que se precisen con mayor claridad los límites físicos de la zona en donde una obra o actividad deberán ser sujetas a una autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Semarnat.

Las referencias físicas de la definición propuesta por el iniciador parten de una concepción de la Comisión Nacional para la Biodiversidad, a través de la cual se asevera que los litorales de nuestro país, sus amplias zonas costeras albergan una enorme riqueza de especies de flora y fauna en una amplia diversidad de ecosistemas.

Desde una perspectiva social el promovente reconoce los beneficios de los municipios ubicados en zonas costeras, derivados, entre otros, de actividades turísticas, las cuales disminuyen conforme los impactos negativos afectan a este tipo de ecosistemas. En consecuencia, estiman preciso evaluar el impacto ambiental de las actividades que ponen en riesgo el equilibrio ecológico de los ecosistemas costeros, procurando el equilibrio entre el desarrollo a las diversas actividades y la protección ambiental.

La colegisladora retoma la definición del término ecosistema previsto en la fracción VIII del artículo 3 de la LGPA en los siguientes términos: ecosistema es la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí, y de estos con el ambiente y un espacio o tiempo determinado.

La minuta enviada por el Senado refiere que no obstante la biodiversidad de los ecosistemas y la riqueza de los servicios ambientales que prestan, la existencia de vacíos legales genera falta de certeza jurídica en la protección de los ecosistemas costeros, ello en alusión a la preocupación del promovente por la falta de una definición legal de los ecosistemas costeros, y que a pesar de que estos se encuentran en la zona costera y están protegidos por algunos ordenamientos jurídicos, tales disposiciones no han tenido la eficacia para detener el menoscabo de los ecosistemas costeros y el aumento de los desarrollos inmobiliarios en dicha zona.

Por otro lado, refiere que en 2012 fue publicada la política nacional de mares y costas, elaborada por la Comisión Intersecretarial para el manejo sustentable de mares y costas, cuyos objetivos están orientados a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones costeras, a fortalecer las economías locales, a mejorar la competitividad regional y asegurar la estructura y función de los ecosistemas marinos y costeros.

Esta política nacional contempla como línea de acción delimitar la zona costera de México basada en criterios ambientales que permitan la mejor representación de los procesos del complejo continente, océano, atmósfera, para establecer la base territorial de su instrumentación y circunscribir territorialmente los esquemas de gestión y coordinación.

En base a lo anterior, el Senado de la República aprobó y remitió a esta Cámara de Diputados, mediante minuta correspondiente, el proyecto de decreto para reformar la LGPA.

Particularmente, en el artículo 3, fracción VIII define lo señalado como ecosistemas costeros, manejando una medición en la que comprenden porciones marinas, acuáticas o terrestres que abarcan en el mar a partir de una profundidad de al menos 200 metros hasta 100 kilómetros tierra adentro o 50 metros de elevación.

Esta elevación nos resulta preocupante a las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados, por lo que discrepamos en este señalamiento en la colegisladora, replanteando entonces en nuestro dictamen las modificaciones propuestas a diversos artículos de la Legepa.

Si bien es cierto reconocemos la acertada definición de ecosistemas y además que se haya tomado en cuenta la definición de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, comisión concebida específicamente para análisis científico y técnico de temas ambientales, sí nos parece importante que después de un análisis detallado para los efectos de las fracciones del artículo 72 constitucional, consideramos poner a su consideración el proyecto de decreto que reforma la Legepa, considerando únicamente las siguientes modificaciones:

En el artículo 3o., para los efectos de la Legepa, en la fracción VIII, la definición de ecosistema, agregando específicamente: serán ecosistemas costeros aquellos cuyo hábitat se ubique dentro de la zona costera mexicana.

En la fracción XXXVIII Bis, definir zona costera mexicana como espacio geográfico de interacción del medio acuático, terrestre y la atmósfera, constituido por una porción continental definida por 263 municipios costeros, 150 con frente de playa y 113 interiores adyacentes a estos con influencia costera alta y media. Una porción marina definida a partir de la plataforma continental delimitada por la isobata de 200 metros y una porción insolar representada por las islas oceánicas y costeras.

Finalmente la modificación al artículo 28, donde el cual determina las evaluaciones de impacto ambiental considerando en su fracción X, obras y actividades en numerales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como sus litorales o zonas federales, agregándose que en el caso de actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias se estará dispuesto a la fracción XII de este artículo que en sí define las actividades que requieren de manifiesto de impacto ambiental.

Sin lugar a dudas es necesaria esta modificación para poder tener una definición adecuada de ecosistema costero y a partir de ello una aplicación adecuada de la normatividad ambiental en nuestro país y con ello garantizar la estabilidad de estos importantes ecosistemas para nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada López Moreno.

Saludamos a alumnos, a alumnas, de la Escuela Telpochcalli, del Valle de Chalco, que han sido invitados por el diputado Arturo Cruz Ramírez. Sean bienvenidos y bienvenidas.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ahora para la fijación de posturas, en la discusión del dictamen que nos ocupa le otorgo el uso de la palabra a la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados. Nuestro país ocupa el décimo segundo lugar a nivel mundial de extensión litoral y superficie marina con aproximadamente 11 mil 122 kilómetros de litoral y una zona económica exclusiva de tres millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados.

La interacción entre aguas tropicales y templadas, la confluencia de zonas biográficas y las fisiográficas del litoral del país, nos permiten reconocer que contamos con una alta diversidad de ambientes costeros y marinos en los cuales habita un componente esencial de la megadiversidad de México.

El hecho es que México se encuentra rodeado por cuatro mares: Pacífico, Golfo de California, Golfo de México y el Caribe. Le conceden grandes niveles de riqueza, de especies, diversidad de flora y fauna, endémicos incomparables en los continentes.

Pero también las principales amenazas que afectan y perjudican la biodiversidad costera son la contaminación, la sobrepesca, la pesca ilegal y no regulada y no reportada, la práctica de pesca destructiva, la degradación y destrucción del hábitat por cambio de uso de suelo, el cambio climático y la construcción de desarrollo inmobiliarios innecesarios donde los recursos costeros se han asociado a las debilidades en el marco jurídico e institucional que rigen la administración y la gestión de las zonas costeras, como la falta de seguimiento de monitoreo de principios basados en ecosistemas, un bajo interés en el cuidado de las cosas en el plano política y la persistencia de subsidios mal empleados que provocan la sobreexplotación, la poca educación y la conciencia pública.

En ese sentido, resulta necesario que México trabaje e implemente medidas de acciones para mantener la diversidad biológica, la productividad, los ecosistemas, los hábitats sujetos a la jurisdicción nacional.

No obstante la biodiversidad de los ecosistemas costeros y la riqueza de los servicios ambientales que prestan, se ven mermados por los vacíos legales que generan la falta de certeza jurídica en la protección de los ecosistemas costeros, por lo que es conveniente e importante señalar una definición de los ecosistemas costeros, ya que a pesar de que éstos se encuentran en la zona costera están protegidos por algunos ordenamientos jurídicos que no han contado con eficacia para detener el menoscabo de los ecosistemas costeros.

Debemos priorizar que la conservación de la diversidad biológica costera tendrá como principal objetivo fortalecer la protección de los ecosistemas costeros, otorgando certeza jurídica en su definición, de tal manera que se precise con mayor claridad los límites físicos de las zonas donde una obra o actividad deben de ser sujetas a una autorización en materia de impacto ambiental por la Semarnat.

El concepto de ecosistemas costeros debe contener en su definición los conceptos relativos a los usuarios de las mismas, el ambiente, la corresponsabilidad intergubernamental en la administración de riesgos ambientales, la reestructuración de ecosistemas y la protección de todos los ecosistemas que estén incluidos en las costas.

Compañeras y compañeros diputados, la biodiversidad costera en México es valorada como un componente esencial para el desarrollo socioeconómico del país por lo que las políticas e instrumentos gubernamentales deberán incluir acciones que permitan su preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable con base en el conocimiento científico y técnico.

En Nueva Alianza apostamos por la protección del medio ambiente y su biodiversidad, por ello será prioridad coordinar las acciones para la atención de los aspectos que afecten al ecosistema costero y con ello contribuir a un gran fortalecimiento.

Es por ello que daremos nuestro voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente y muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Diputada Loretta Ortiz, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el proyecto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., y 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

El objetivo es dar una definición jurídica al concepto de ecosistema costero, pues actualmente no existe y eso genera un vacío legal que ha sido una de las causas de deterioro de los ecosistemas costeros nacionales.

Sin duda proteger la riqueza ambiental nacional es una de las prioridades de nuestro quehacer legislativo. Parte de ella es definir con claridad los espacios, ecosistemas, las relaciones ambientales, sociales y culturales de los mexicanos con su entorno para de esta forma identificar con claridad las amenazas, riesgos que corre nuestra naturaleza, y aplicar las políticas públicas necesarias para evitarlo.

El ecosistema costero es uno de los que causan mayor controversia; no somos conscientes de todo lo que implica para nuestro país, para la naturaleza y para las personas que habitan en él.

En principio los ecosistemas costeros son la principal fuente de intercambio vital entre el mar y la tierra.

Recordemos que entre las teorías más aceptadas sobre el desarrollo de la vida en el planeta se parte del nacimiento de los primeros microorganismos en el mar  y su evolución en organismos más complejos para permitir su adaptación a la tierra, es decir, el intercambio mar-tierra que se da en los ecosistemas costeros es vital para el mantenimiento de la vida en el planeta.

Por otro lado, los ecosistemas costeros han permitido el mantenimiento de las comunidades locales y la subsistencia de muchas familias, pues ahí desarrollan actividades económicas diversas como la pesca, la agricultura, el comercio, aduanas y turismo de las que dependen las mencionadas familias.

Hasta hace un par de décadas, con algunas excepciones, el crecimiento de las zonas urbanas en las zonas costeras había sido relativamente bajo; sin embargo, en los últimos años el crecimiento urbano y la construcción inmobiliaria en las zonas costeras han crecido de manera importante.

Esto puede ocasionar un peligro en varias dimensiones: la primeras es el rápido crecimiento de las zonas habitacionales en asentamientos irregulares y latente el peligro de colapso de los servicios sin la infraestructura urbana.

La segunda, el deterioro de las relaciones comunitarias entre habitantes tradicionales y los nuevos residentes. A pesar de ser un proceso natural en el crecimiento de los espacios urbanos, la velocidad con la que se puede dar esta transición conlleva el peligro de conflictos por el traslado de servicios.

El tercer, en el mismo sentido que los anteriores, son los conflictos que se pueden ocasionar entre las comunidades locales en algunos casos y de manera especial con los indígenas con autoridades y desarrolladores inmobiliarios debido a la propiedad de la tierra.

Por todas las razones antes mencionadas y por la conveniencia en adoptar este dictamen, el Partido del Trabajo votará a favor del mismo. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado. Gracias, diputada Loretta Ortiz. Diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para que fije la postura de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Muchas gracias, Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros: las áreas litorales son sin duda de las zonas que representan mayores ingresos al país, ya sea por sus bellas playas, zonas pesqueras, por su vegetación o sus áreas ecológicas como los arrecifes de coral protegidos por el gobierno federal o los más de 800 kilómetros de áreas nacionales protegidas costeras y campamentos tortugueros.

Los senadores de la república turnaron a esta Cámara la iniciativa que pretende reformar y adicionar ciertas disposiciones de los artículos 3 y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y establecer, dentro de la misma, una definición legal para el término jurídico ecosistema costero.

Esta definición, desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano vamos a apoyarla por supuesto, pero si bien es cierto que la protección al medio ambiente en sus diferentes ecosistemas es una obligación y responsabilidad del Estado, también lo es que no debemos reducir nuestra actividad legislativa a las reformas y adiciones de los conceptos.

El radio de acción de ésta debe generar las condiciones para alcanzar la eficacia de la norma. Es decir, proteger la biodiversidad de nuestro país es loable, pero más loable sería que en un acto de reflexión este pleno considerara la modificación al tema tan discutido hace apenas cinco meses, me refiero a la posibilidad que se le aperturó a los extranjeros de adueñarse de nuestras playas, pues recordemos que antes de aquella fatal reforma, se prohibía totalmente la adquisición de tierras en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas, cuestión que en el presente ya no existe.

Y hoy se están generando conflictos sociales por este tema, basta ver nada más lo que está sucediendo en el estado de Oaxaca, Santa María Huatulco y en San Pedro Pochutla; hoy los comuneros están revelándose y con justa razón están manifestándose, y quien no posee el amor por la tierra no la va a conservar. Y ustedes, compañeras y compañeros, saben muy bien que lo que no es nuestro, a veces no lo cuidamos, el extranjero solamente va a venir a deteriorar nuestro medio ambiente.

La mejor forma de seguir conservando este país y nuestro medio ambiente, es echar atrás esta reforma tan lesiva para las mexicanas y los mexicanos. México tiene el compromiso con su naturaleza. Nuestro país ha firmado 77 tratados internacionales o acuerdos interinstitucionales en materia del medio ambiente.

Los primeros convenios registrados datan desde hace más de 40 años y son en materia de protección de flora y fauna, aves migratorias y mamíferos cinegéticos y los literales de contaminación. Es decir, desde mediados del siglo pasado se ha estado trabajando en conjunto con la mayoría de los países del mundo, y al parecer, otorgando mayor importancia al tema. Sin embargo, seguimos deteriorando nuestros litorales, se siguen contaminando las aguas como el caso del río Sonora.

¿Qué está pasando? Ya hay reglamento en tema del medio ambiente. ¿Qué sucede? Pongámonos a pensar y a reflexionar un rato, es nuestra casa la que estamos contaminando. Y enhorabuena por la Comisión del Medio Ambiente de la cual yo formo parte, pero diputadas y diputados, hagamos una reflexión desde nuestro interior.

México necesita recuperar nuevamente la propiedad de su territorio, de lo contrario, estamos viviendo en una amenaza latente. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra ahora la diputada Claudia Elena Águila Torres, por el Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Claudia Elena Águila Torres: Con permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante, diputada.

La diputada Claudia Elena Águila Torres: Las zonas costeras tienen una función indispensable para el equilibrio ecológico, este espacio donde se une el mar con la parte continental es ampliamente reconocida como uno de los más importantes elementos de la naturaleza, tiene una amplia diversidad de ambientes y recursos, pero a la vez es un área muy frágil y vulnerable al estar expuesta ante los embates ambientales, como los huracanes y tormentas.

De lo anterior surgen la importancia de la reforma al artículo 3o., el artículo 28 y la adición al mismo artículo 3o. de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para adicionar y precisar el ecosistema costero, así como la delimitación de la zona costera mexicana.

Es precisamente la interacción de ambientes lo que caracteriza a las zonas costeras del mundo y el balance de estas interacciones origina ecosistemas con características ambientales únicas regidos a su vez por procesos físicos, químicos y biológicos dinámicos.

Los procesos y los ambientes costeros están sujetos a cambios que varían ampliamente en la escala geográfica, el tiempo y su duración. Al combinarse crean sistemas biológicamente muy productivos, pero también vulnerables a las presiones ambientales provenientes de las diversas actividades humanas.

La riqueza y diversidad de recursos que existen en las zonas costeras llevan la correspondiente concentración de actividades y asentamientos humanos a lo largo de los litorales y estuarios en todo el mundo.

Como resultado de lo anterior se estima que cerca de la mitad de la población humana vive en o cerca de las zonas costeras y, aunque la densidad ocupacional varía ampliamente en las diferentes regiones, hay una tendencia general a moverse de las áreas continentales hacia las costas.

A pesar de su importancia la zona costera es una de las más perturbadas del planeta. La contaminación, la industrialización, el turismo, los asentamientos humanos, el cambio de uso de suelo en el sector agrario para dar paso a poblados y ciudades, la producción agrícola, la pesca, entre otros factores, impactan de manera continua la sustentabilidad de los ambientes costeros.

Así, el mayor reto que enfrenta la humanidad ahora es administrar correctamente el uso de la franja costera, de tal manera que las actuales y futuras generaciones puedan disfrutar de sus recursos visuales, culturales, ambientales, energéticos y alimentarios.

Esta iniciativa reconoce la importancia que tienen nuestras fronteras naturales con el mar, aún falta legislar en materia más específica para garantizar la protección adecuada, por lo que el Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra ahora la diputada Patricia Lugo Barriga, por el Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Patricia Lugo Barriga: Gracias, presidenta. Me gustaría resaltar en mi intervención dos puntos importantes que aporta esta iniciativa. La primera, la importancia del trabajo legislativo de las Comisiones en ambas Cámaras, y dos, lo relevante del contenido de esta iniciativa.

Primero quiero empezar reconociendo la labor que tanto las Comisiones unidas de la Cámara de Senadores y la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta soberanía a la que me honro en pertenecer, han realizado a través del análisis y la discusión de este proyecto referido a las zonas costeras mexicanas, presentando una iniciativa que retoma el mayor y mejor interés de la nación con una visión integral y sustentable del uso de los recursos naturales, humanos y sociales.

La propuesta que ahora se presenta fue enriquecida en todo el proceso legislativo a partir de las valiosas aportaciones de los diputados y las diputadas miembros de Comisiones encargadas de su revisión. Este es un terabajo que hay que resaltar y reconocer.

Ahora me gustaría entrar en materia y abordar la importancia que tiene la modificación que se propone a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con la finalidad de proteger y preservar las zonas costeras de nuestro país.

Somos privilegiados al contar con poco más de 11 mil kilómetros de costas, donde la diversidad de ecosistemas marinos y costeros genera una gran riqueza y servicios ambientales de un valor incalculable.

Algunos ejemplos de ello son los arrecifes coralinos, espacios de reproducción y alimentación de una gran variedad de especies de fauna marina, y los humedales y lagunas costeras, que generalmente están ubicadas en zonas de transición entre la tierra y el mar, convirtiéndose en espacio de crianza y larvario de muchas especies.

Igualmente, es importante resaltar que la gran variedad de plantas marinas absorben una mayor cantidad de carbono que las plantas terrestres, aportando en consecuencia una elevada proporción de oxígeno.

Así, podemos ir enumerando las ventajas de mantener en equilibrio las zonas costeras, sin embargo, múltiples factores amenazan el frágil equilibrio de estos sistemas complejos y que se complementan en la reproducción de ecosistemas terrestres y marinos.

El dictamen que presenta la Comisión de Medio Ambiente tiene como propuesta la modificación y adición al artículo 3o y artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, incorporando la definición de zona costera mexicana, la cual es retomada de los importantes trabajos de investigación que realiza la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), al igual que establecer los ecosistemas de la costa como una parte de los diversos ecosistemas que interactúan en la zona costera mexicana.

Con estas iniciativas el Poder Legislativo trabaja para atender los grandes problemas que atentan contra el equilibrio ecológico de las zonas costeras y que permiten que la pesca, la acuacultura, el turismo, la actividad portuaria, el aprovechamiento de energías convencionales y no convencionales se realice en estricto apego a la ley, respetando los principios de sustentabilidad, protección y cuidado al medio ambiente. Esto nos permite además homologar la normatividad en la materia y orientar la acción pública hacia una gestión integral de las zonas costeras.

Como legisladores de Acción Nacional apoyamos esta iniciativa, ya que consideramos que la protección de nuestros recursos naturales, tanto en el continente como en los mares es la garantía de generar una mayor riqueza a través del empleo y el aprovechamiento racional de nuestros recursos. Es cuanto, muchas gracias por su apoyo.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Lugo. Tiene la palabra el diputado Raymundo King de la Rosa, del Partido Revolucionario Institucional, para fijar posición, hasta por cinco minutos.

El diputado Raymundo King de la Rosa: Gracias. Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el fortalecimiento de la protección a los ecosistemas costeros resulta un pendiente ineludible, pues los litorales de nuestro país contenidos estas amplias zonas albergan una enorme riqueza de especies, tanto animales como vegetales, en una amplia diversidad de ecosistemas interrelacionados, que no pueden ser divididos si se busca protegerlos de forma efectiva.

La valía de estos ecosistemas no es sólo ambiental y ecológico, sino también económica, ya que los beneficios de los municipios ubicados en zonas costeras derivado —entre otras— de actividades turísticas son innegables. Sin embargo, estos han disminuido conforme a los impactos negativos, lo cual afectan toda vez en lo que se merma el atractivo del destino turístico.

En consecuencia, resulta preciso considerar el impacto ambiental de las actividades que ponen en riesgo la viabilidad de los ecosistemas costeros, procurando el equilibrio ante el desarrollo de las diversas actividades económicas y la protección ambiental, a partir de una definición jurídica adecuada que incida favorablemente en el tratamiento normativo del ecosistema en cuestión.

La zona costera mexicana incluye una amplia diversidad de ecosistemas de singular importancia en las materias ambiental, social y económica, por lo que debe de reconocerse que esta contiene hábitats productivos que pueden favorecer la creación de nuevos asentamientos, incrementando la población humana en las costas, por lo que consideramos que las referencias jurídicas que abarquen todo tipo de ecosistemas y que permitan que la autoridad proteja sustentablemente en el análisis de las particularidades ecológica y biofísicas de los ecosistemas costeros, deben ser claras para garantizar certidumbre y certeza en materia ambiental.

La importancia de tener definiciones claras es generar ordenamientos de asentamientos humanos para las costas, que fomenten el desarrollo integral y sostenible en las zonas costeras, así para disminuir la degradación de la zona costera, coadyuvando con las estrategias implementadas por los órdenes del gobierno federal y estatal que puedan prevenir el deterioro de estos ecosistemas.

En el Grupo Parlamentario del PRI, en esta soberanía, consideramos que la definición del término ecosistema como la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempos determinados, inserta en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente es afortunada, por lo que su adecuación a la zona costera y a los ecosistemas que en ella se relacionan es saludable y necesaria.

Es así, que votaremos a favor de considerar a la zona costera mexicana como el espacio geográfico donde interactúa el medio acuático, el terrestre y la atmósfera, constituida por 263 municipios costeros, 150 con frente de playa y 113 interiores adyacentes a estos, con influencia costera alta y media, una porción marina definida a partir de la plataforma continental y una porción insular representada por las islas oceánicas y costeras.

Esta definición precisa siempre las bases para una correcta y adecuada protección ambiental y de desarrollo de la zona costera mexicana en aras de un desarrollo sostenible, que va acompañado de responsabilidad ambiental. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Raymundo King de la Rosa.

Saludamos ahora a los alumnos de la preparatoria Profesora Rosario Graciela Hidalgo Moreno, de San Bernabé Temoxtitla, de Puebla, invitados por el diputado Julio César Lorenzini Rangel. Bienvenidos.

Esta Presidencia saluda a diputados locales del Congreso de Nayarit, que se encuentran entre nosotros Eddy Omar Trujillo López y Miguel Pável Jarero Velázquez, invitados por la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenidos.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Vamos a entrar ahora a la discusión. Y en pro de este dictamen tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Compañeros y compañeras diputados. Bueno, como ya lo expresó nuestra compañera diputada Aida Valencia, Movimiento Ciudadano votará a favor de esta iniciativa que propone modificar el artículo 3 y 18 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.

Estamos a favor porque nos parece razonable la incorporación de este concepto de ecosistema costero. Sin embargo, quiero aprovechar para señalar ante ustedes, que no obstante algunas de las bondades de estas modificaciones y de la Ley de Equilibrio Ecológico, es contrastante con la realidad de su aplicación.

Derivado de la vocación explotadora y privatizadora del gobierno de la República, del que ni las propias playas nacionales se han escapado, a ese hecho se suma también la actitud voraz de empresas mineras nacionales que actúan como consentidas del régimen.

Hace unos días, desde hace días ha sido motivo de ocupación frecuente en esta tribuna el tema de Minera México, pero también tenemos el tema de la minera San Javier, ubicada en San Luis Potosí y cuyas instalaciones están precisamente asentadas sobre el acuífero que abastece de agua a una comunidad de dos millones de habitantes.

Desde 2007 fue dictaminado el impacto negativo que tenía la operación de la minera sobre este acuífero. Sin embargo, mediante una serie de tretas jurídicas y con el apoyo y complicidad de autoridades municipales, estatales y nacionales, volvió a operar Minera San Javier violando una serie de restricciones que pretendían salvaguardar la pureza del acuífero.

Y es así que ahora nos encontramos con niños con altos índices de metales pesados, decenas de niños de la ciudad de San Luis Potosí que ven amenazada su salud.

Como si algo faltara para que este problema fuera lo suficientemente grave, la empresa minera San Xavier tiene almacenadas cien a la intemperie y asentadas sobre el mismo acuífero 120 millones de toneladas de materiales sulfurosos saturados de metales pesados que están siendo depositados a unos cuantos metros de la zona norte y poniente del área urbana, y como les decía exactamente encima del acuífero.

Para poner límites a esta actitud depredadora de la minera desde 1993 se declaró a la zona oriente del valle como de Preservación de la vida silvestre con el ánimo de proteger este acuífero; decía que en 2007 volvió a operar la mina sobre las viejas reglas.

Así que aprovecho esta ocasión para hacer un llamado a las autoridades responsables de la protección ambiental en el país, con el propósito de que atiendan este problema antes de que sea mayor y se convierta en una de las grandes tragedias como la que ya conocimos en el estado de Durango y en el Río Sonora. Gracias a todos por su atención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Alfonso Durazo.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Honorable asamblea, se ha agotado la lista de oradores y en atención a que en términos del artículo 109 del Reglamento de esta Cámara no se ha reservado para la discusión en lo particular artículo alguno, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico para recibir la votación en un solo acto, ciudadana secretaria, y hasta por cinco minutos en efecto.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por cinco minutos.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por cinco minutos.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De viva voz, señora secretaria.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Sí, presidente. Diputada.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul): A favor

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio González Valdez (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): A favor.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras (dese la curul): A favor.

El diputado Ricardo Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Damián Zepeda Vidales (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (desde la curul): A favor.

La diputada María Guadalupe Sánchez Santiago (desde la curul): A favor.

La diputada María Celia Urciel Castañeda (desde la curul): A favor.

El diputado Germán Pacheco Díaz (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Peña Avilés (desde la curul): A favor.

La diputada Blanca Jiménez Castillo (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Francisco Cázares de la Fuente (desde la curul): A favor.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel (desde la curul): A favor.

El diputado Rafael González Reséndiz (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 402 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3o y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, por 401 votos. Se devuelve al Senado para los efectos del apartado E del artículo 72 de la Constitución de nuestro país.

 

 

Publicado en Legislación

Ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, México aceptó todas las recomendaciones relacionadas con el derecho al medio ambiente sano y los derechos de acceso.

En particular, el Estado mexicano se comprometió a construir un mecanismo de consulta indígena en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental, así como otros mecanismos de consulta indígena relacionados con megaproyectos de desarrollo.

En un comunicado de prensa, que por la importancia de su contenido se publica íntegro, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) reconoce este avance e insta al Estado mexicano a convocar comunidades indígenas y campesinas, organizaciones de la sociedad civil y académicos a que aporten en la construcción de mecanismos efectivos y eficaces de consulta sobre megaproyectos para recabar el consentimiento libre previo e informado de las comunidades indígenas y campesinas afectadas por megaproyectos de desarrollo.

Señala que en México, en numerosos casos, los megaproyectos son implementados por empresas e industrias, tanto nacionales como extranjeras, por empresas paraestatales o por el Estado mismo, en áreas rurales y forestales, así como en territorios sagrados de pueblos indígenas, sin informar ni consultar a las comunidades indígenas o campesinas, destruyendo su territorio, sobrexplotando los recursos naturales y contaminando el medio ambiente.

CEMDA también hizo referencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de casos específicos en los que las comunidades siguen los cauces institucionales buscando justicia, sin que las resoluciones se acaten ni se cumplan. Es el caso de la Tribu Yaqui, en el estado de Sonora, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió sentencia a su favor, reconociendo la violación de su derecho a la consulta en el caso de la construcción del Acueducto Independencia.

A la fecha, la obra sigue operando de forma ilegal, mientras las autoridades federales retrasan la implementación de la consulta, de acuerdo a lo que mandató el máximo tribunal de la Nación.

También se denunció la persecución que existe en México en contra de defensores ambientales, 30 de los cuales han sido asesinados en los últimos años y otros exiliados de sus comunidades de origen por las amenazas y agresiones sufridas a manos de las empresas, gobiernos locales o integrantes del crimen organizado.

Entre 2009 y 2012 se documentaron más de 50 casos de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos ambientales, en 17 entidades federativas del país, la mayoría ligados a proyectos de desarrollo mineros y forestales. Prácticamente todas estas agresiones permanecen hasta ahora en la impunidad.

El pasado viernes 14 de marzo, el gobierno de la República presento públicamente una Addendum, en el cual se aceptan las recomendaciones realizadas a México en materia de Derechos Humanos en la última Evaluación realizada por el Mecanismo de Evaluación Periódica Universal (EPU) del consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Dentro de este proceso México aceptó recomendaciones de diversas índoles realizadas por diferentes países como, violaciones internacionales a derechos humanos, fortalecimiento del marco normativo e institucional, igualdad y no discriminación, derecho a la vida, el arraigo, la violencia y discriminación en contra de la mujer, desaparición forzada, prevención y tortura, derechos de los niños, niñas y adolescentes así como el fortalecimiento del estado de derecho y los derechos de los pueblos indígenas entre otros.

El documento presentado por el gobierno prevé un cumplimiento cabal de estas recomendaciones y compromete a México ante las Naciones Unidas para el desarrollo de acciones que permitan solucionar estas problemáticas de la forma más efectiva. Asimismo, México se comprometió a implementar un mecanismo de seguimiento y evaluación de cada una de las recomendaciones EPU, en participación con la sociedad civil y todas las entidades del Estado mexicano.

Vale la pena rescatar que por primera vez, México recibió una recomendación sobre la necesidad de hacer cumplir el Derecho Humano al medio ambiente sano para cada una de las personas. La recomendación 108 realizada por Singapur establece: "Continuar el fortalecimiento de la Ley para proveer a las personas el derecho a un medio ambiente sano."

A pesar de ser un derecho reconocido constitucionalmente, el derecho a un medio ambiente sano está constantemente vulnerado por medidas del Estado que no contemplan el eje desostenibilidad, privilegiando el consumo desenfrenado de los recursos naturales.

En México, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación de recursos naturales y la contaminación de agua y aire son realidades que ponen en riesgo a millones de personas.

En este sentido, la recomendación de Singapur se presenta en un momento relevante para el Estado Mexicano, ya que establece la necesidad de que la política ambiental que asuma la perspectiva de los derechos humanos y la sustentabilidad y se ajuste a los instrumentos internacionales que hay sobre la materia.

Uno de los casos sobre los que debe ponerse atención en este sentido es la extracción de gas natural a través del fracking contemplada como uno de los principales ejes de la reforma energética, en la que no se vinculan "los objetivos del sector energético con los ambientales y sociales", por ser una técnica con enormes riesgos para los derechos humanos, el agua, la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de México.

Igual importancia amerita que México haya aceptado siete recomendaciones en materia de Derechos de consulta y para los pueblos indígenas y afrodescendientes, en donde se cumpla con el derecho a la consulta y principio de autodeterminación de los pueblos en México.

Las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en el diálogo con la Unión Europea para los Derechos Humanos y que estarán presente en la presentación de los resultados y análisis que realizará el gobierno de México (SEGOB y SRE) ante las Naciones Unidas en Ginebra el próximo 21 de marzo, recordamos al Estado Mexicano la necesidad de implementar las siguientes recomendaciones para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas en el Mecanismo EPU:

1. Delinear en conjunto con los pueblos indígenas de México, un marco normativo sobre consulta indígena y consulta campesinas en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y reformar o derogar las leyes secundarias en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos sobre todo en materia forestal y minera.

Reconocer la propiedad comunal de los pueblos indígenas y campesinos sobre su agrodiversidad, así como su importante papel en la conservación de la misma.

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Reformar la figura jurídica de la consulta pública de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA) para conformarla con los estándares internacionales de derechos humanos.

Establecer en todas las legislaciones en materia ambiental de los Estados el derecho a la consulta pública en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.

2. Garantizar la reparación del daño ecológico por parte de las empresas o agentes del Estado responsables del deterioro ambiental, consiguiendo la restauración del sitio afectado.

Mejorar el acceso a la justicia en materia ambiental.

Reformar la normativa vigente sobre Acciones Colectivas para dar cumplimiento pleno al artículo 16 constitucional.

3. Elaborar e implementar una política pública con enfoque ambiental transversal para todas las dependencias del gobierno federal, evitando que la temática ambiental sea vista únicamente como un asunto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sino que exista una oficina de sustentabilidad en todas las dependencias.

4. Fortalecer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el sistema de persecución de los delitos ambientales para que puedan actuar de forma eficaz, oportuna, independiente.

Fuente: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=398766#sthash.giQZGBFU.dpuf

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ESCRITO POR BIOL. RAÚL E. ARRIAGA BECERRA
CONSULTOR AMBIENTAL

Sin duda alguna, la publicación y entrada en vigor de la LGEEPA en 1988, estableció un parteaguas en la Gestión Ambiental de México, con un diseño y desarrollo de vanguardia, en aquellos años la LGEEPA se decretó como resultado de un trabajo intenso de participación social, académica y pública que favoreció su pronta adopción y perfiló a México a la vanguardia en el ámbito del debate ambiental internacional de ese momento.

El contexto histórico en que se construye este instrumento jurídico entre la Sociedad Civil organizada, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo previamente y durante su período de gestación, vivió eventos catastróficos ambientales que motivaron reflexionar sobre la necesidad de disponer de una Ley Ambiental bien integrada. Es relevante, destacar que apenas dos años antes de que la LGEEPA fuera decretada, en 1986, la catástrofe nuclear de Chernóbil y los efectos de la nube radiactiva que surco los cielos de Europa, abrieron una seria discusión mundial sobre el uso de la energía nuclear; en ese mismo año la planta química de Sandoz a orillas del río Rin en Europa tras un incendio en sus bodegas de químicos almacenados, contamino las aguas utilizadas para sofocar el incendio las cuales son vertidas al rio teniendo serios daños a la flora y fauna.

En el ámbito social, la población humana se incrementa aceleradamente, es así que en julio de 1987 nace el ser humano cinco mil millones lo que pone de manifestó la seria presión sobre los recursos naturales para el abasto de las crecientes necesidades de alimentación.

Es precisamente en este año de 1987, cuando se publica el Informe “Nuestro Futuro Común” de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, encabezada por la Señora Gro Harlem Brundtland, planteando una seria y profunda discusión sobre el desarrollo y propone el nuevo paradigma del Desarrollo Sustentable.

En ese año de 1987 en México, se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los Artículos 27 y 73, fracción XXIX-G, con la finalidad de dar atribuciones al Congreso para expedir una Ley específicamente en materia ambiental, con lo cual, en ese año, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa correspondiente a la Cámara de Diputados y el 28 de enero de 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que representó cambios radicales en la concepción de la política ambiental, ya que reconoce “el problema ecológico” que debe ser enfrentado por el Estado y la sociedad, plantando que “… la solución no está, desde luego en sacrificar el desarrollo, menos aún, en una situación como la que enfrenta el país, con tantas necesidades pendientes de alimentación, empleo y vivienda. La solución está en lograr un mejor equilibrio ecológico, prevenir los impactos adversos de las actividades económicas y aprovechar, en forma racional lo recursos naturales de que disponemos.” (Exposición de Motivos).

La LGEEPA de 1988 refiere un proceso de avances importantes, entre los que destacaron la descentralización, mediante los convenios de coordinación, la política ecológica basada en los instrumentos de ordenamiento ecológico, evaluación del impacto ambiental, las normas técnicas ecológicas, además establece los estímulos fiscales y los financieros. Es claro que los sucesos Internacionales han trascendido de manera importante en la Legislación Ambiental de todos los países, las cuales se han adecuado con el tiempo a los diferentes procesos de cada uno de ellos, en el caso de México, es claro que, por sus antecedentes históricos y los grupos sociales que se reconocen, se han incluido factores importantes sobre conceptos como “la propiedad originaria de la Nación”, “la expropiación”, “los pueblos indios”, entre otros, que han permitido el desarrollo de procesos complejos que no han terminado de madurar, a la par de Instituciones que no han tenido el fortalecimiento y por lo tanto, la capacidad de enfrentar estos desafíos con más contundencia.

En este contexto, el desarrollo e integración de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en 1988, coloca a México a la vanguardia en instrumentos regulatorios, con una Ley que retoma principios básicos de protección del ambiente. Los antecedentes de la LGEEPA como instrumento jurídico, son la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental publicada el 23 de marzo de 1971, que principalmente atendía a temas de contaminación, como su nombre lo indica, relacionados con la salud del ser humano en una visión antropocéntrica, la cual fue promovida por la Secretaría de Salubridad y Asistencia; posteriormente, el 11 de enero de 1982 la misma Secretaría promovió la Ley Federal de Protección al Ambiente, entendida con la misma visión.

Es hasta 1982 que se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), que vendría a dar un tinte diferente de la visión ambiental, relacionado con los asentamientos humanos.

El tránsito institucional de México se fue adaptando también a los instrumentos surgidos en el entorno internacional, por lo que, con la gestión de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), a la luz de la LGEEPA, favoreció la evolución de las instituciones de Política y Gestión Ambiental del país hacia instituciones más especializadas y con mayores elementos de gestión ambiental.

En 1992 se realizó la transferencia de los temas ambientales a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), de manera que la política ambiental se relacione con los procesos económicos y sociales del desarrollo a partir de dos entidades particulares: el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), organismos desconcentrados, que dentro de sus atribuciones, han incidido indiscutiblemente en la política ambiental de México.

En 1994, con los cambios de la Administración Publica Federal, la Política Ambiental del país, siguiendo los lineamientos derivados de la Cumbre de Rio, promueve la creación de la Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), sobre la estructura orgánica de la, hasta entonces, Secretaria de Pesca (SEPESCA) que pasa a integrarse en esta nueva Secretaria Federal como una Subsecretaría. Así, el sector ambiental se integra tomando de diversas Secretarias de Estado Federales las funciones y atribuciones relacionadas con el Desarrollo Sustentable y los Recursos Naturales; el INE y la PROFEPA se integran a esta naciente Secretaría así como la Comisión Nacional del Agua (CNA) y las actividades Forestales, ambas procedentes de la, hasta ese momento, Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), quedando esta última como la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

En 1996 la LGEEPA es reformada de forma trascendental, considerando la participación de México en la Conferencia de de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), también conocida como la 'Cumbre para la Tierra', que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992.
La exposición de motivos de la Reforma de 1996 refiere que fue producto de un amplio proceso de revisión y discusión pública, de participación de instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, la academia, empresarios, gobiernos estatales y municipales.

La reforma de 1996 constituye el cambio en la visión de la política ambiental para entender que “los problemas medio ambientales del planeta estaban íntimamente relacionados con las condiciones económicas y los problemas de la justicia social”, se da relevancia a los instrumentos económicos, a las Normas Oficiales Mexicanas (antes Normas Técnicas), al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales, la participación social como eje de los instrumentos de política ambiental, así como la introducción de la figura de Delito Ambiental (Reforma al Código Penal del 13 de diciembre de 1996).

A partir de 1996 la LGEEPA es considerada una de las Leyes que ha aportado fundamentalmente el pilar de la administración de los recursos naturales a la política ambiental, innovadora y moderna, ya que aporta elementos de más claridad y certidumbre, respecto de la distribución de competencias, los instrumentos de política ambiental, los instrumentos económicos, la biodiversidad y las áreas naturales protegidas, la contaminación y la participación social e información ambiental.

En el año 2000, se modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para dar paso a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), integrando en esta Secretaria los aspectos más relevantes de la Gestión Ambiental y de los Recursos Naturales y separando la Pesca para integrarla en el Sector Primario a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) sectorizada en la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ( SAGARPA).

Con esta nueva estructura, se busca dinamizar la Gestión Ambiental, centralizando en una Subsecretaria los actos de autoridad ambiental para definirlos adecuadamente y favorecer una integración de operación y aplicación eficiente de los instrumentos de gestión, con ello se promueve la descentralización de la gestión ambiental hacia los otros órdenes de gobierno, de acuerdo con el espíritu de la LGEEPA y de la Cumbre de Rio.

La implementación de mecanismos de gestión ambiental claros, transparentes y eficientes se implementan en la SEMARNAT hasta alcanzar su certificación en la Norma ISO 9001-2000 con un compromiso social de eficiencia y eficacia; si bien en los años 2000- 2006 se dinamiza la gestión ambiental, en ese mismo periodo se dinamiza también la actividad Legislativa y se decretan nuevas leyes ambientales, derivadas todas ellas de la LGEEPA y que abordan temas particulares con procesos de gestión específicos que busca darle mayor eficacia a la instrumentación de las Políticas Ambientales.

Las reformas y adiciones que sufre la LGEEPA en los años subsecuentes al 2000, solamente omiten el año 2008 con una nueva propuesta sobre la LGEEPA; sin embargo del 2000 al 2012, cada año la LGEEPA es reformada y/o adicionada, lo que conlleva la publicación de Nuevas Leyes ambientales.

En este activo proceso de producción del Poder Legislativo, se decretan las Leyes siguientes: Ley General de Vida Silvestre (2000); Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2001); Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (2003); Ley General de Bienes Nacionales (2004); Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (2005); Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (2007) y Ley General de Cambio Climático (2012).

Todas estas leyes, creadas bajo la óptica de distribuir competencias entre los tres órdenes de Gobierno para su instrumentación, si bien tienen esta motivación, en limitados casos los Gobiernos locales, sean estos estatales y/o Municipales, tienen capacidad y recursos humanos suficientes para crear las estructuras de gestión ambientales y destinar los recursos financieros y materiales necesarios para implementar las obligaciones derivadas de la puesta en marcha de estos ordenamientos jurídicos.

Aunado a la creación de estas leyes, se decretan los diversos Reglamentos de la LGEEPA que inciden en la gestión ambiental, además de los Reglamentos propios de las nuevas Leyes Generales.

Todo este complejo marco regulatorio, genera una carga administrativa que rebasa las capacidades institucionales de la SEMARNAT, tanto en sus estructuras centrales, como en la operación de sus Delegaciones en las entidades federativas, es decir, la gestión ambiental tiende a integrar un complejo marco regulatorio, inspirado en la especialización temática de las Leyes, pero buscando que su aplicación la continúe asumiendo la misma estructura administrativa, con los mismos recursos materiales, humanos y financieros.

Si bien la distribución de competencias entre los diferentes ordenes de gobierno derivadas de las nuevas Leyes Generales Ambientales, inciden en la creación de nuevas y cada vez mas estructuradas Autoridades Ambientales Estatales, las facultades y atribuciones de cada una de ellas distan mucho de ser claras. Es cotidiano encontrar el traslape de facultades y/o atribuciones en materia ambiental que dificultan y obstaculizan no solo las políticas de desarrollo, sino también aquellas de protección y/o conservación del patrimonio natural de México.

La acelerada producción de Leyes ambientales especializadas, ha incidido en un marco regulatorio complejo y contradictorio en el desarrollo de iniciativas de inversión; leyes que establecen regulaciones contradictorias y que, en muchos casos, su aplicación dista mucho de ser eficiente y/o eficaz, aun cuando la misma autoridad ambiental (SEMARNAT) es la encargada de implementar los mecanismos y procedimientos de gestión ambiental que deben de ser observados por los particulares en la promoción de sus proyectos de inversión.

En el ámbito local, las autoridades ambientales de las Entidades Federativas se han agrupado en la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), creada en el año 2000 y que busca armonizar la gestión ambiental regional y/o local, mediante mecanismos de intercambio de experiencias y especialistas en diversas materias, asi como dinamizar el proceso de descentralización de la gestión ambiental federal hacia los Estados; sin embargo, el común denominador en el limitado alcance de implementación de estas iniciativas lo representa los limitados recursos financieros.
A nivel federal, la SEMARNAT, en el periodo 2000-20012 cada año, es responsable de un incremental numero de facultades y/o atribuciones derivadas de las nuevas Leyes Ambientales decretadas por el Poder Legislativo; sin embargo, su presupuesto no se incrementa ni en la misma proporción, ni a la misma velocidad a la que el Poder Legislativo se empeña en construir un andamiaje jurídico ambiental mas disgregado, especializado y complejo; por si fuera poco, la creación de estas Leyes especializadas, ha generado situaciones de vacío, traslape e incluso contradicción en temas de común interés en la aplicación de diferentes Leyes, dejando al Poder Ejecutivo, en este caso a la SEMARNAT, en la imposibilidad de aplicación, o, en el mejor de los casos, en la emisión de actos de autoridad contradictorios que se anulan en su aplicación particular.

Es cierto que los presupuestos del sector ambiental se incrementan año, con año, no así sus capacidades humanas ni materiales y menos aún, las posibilidades reales de implementar mecanismos de descentralización para la implementación local de facultadles y/o atribuciones en ámbitos de interés de las Autoridades Ambientales Estatales.

En el periodo 2001-20013, el presupuesto del sector ambiental si bien se incrementa como se aprecia en la grafica anterior, el crecimiento absoluto, es apenas comparable con la actualización de la inflación, más que con las necesidades incrementales del sector.

En una perspectiva de Gestión Ambiental integral, sustentable, eficiente y eficaz, con reglas claras y transparentes, el espíritu inicial de la LGEEPA y de las leyes a las cuales ha dado origen, se queda en un incipiente esfuerzo del Poder Ejecutivo por lograr una implementación de la regulación ambiental eficaz y eficiente, lo cual, contrario a lo que se piensa, que es debido a la “obesidad” de la burocracia, es impreciso, ya que no existen los elementos financieros, materiales ni humanos que faciliten al sector hacer una aplicación eficiente de la desarrollada regulación ambiental de la que dispone México, en algún momento en comparecencia del Procurador Federal de Protección al Ambiente ante la LXII Legislatura fue claro y contundente en las limitaciones de acción que la PROFEPA enfrenta cotidianamente, “…si tuviera que destinar un Inspector solamente a la atención del manglar como tema prioritario de la agenda Ambiental de México, con el número de inspectores de que dispone la PROFEPA, cada uno debería de tener la capacidad de vigilar más de 1000 hectáreas con un vehículo de capacidad limitada de operación por la falta de combustibles…”, es decir, no es cuestión ni de voluntad ni de regulaciones, es cuestión de presupuestos y de fortalecimiento institucional, que sea este acorde a la magnitud de los temas que debe de atender.

En el ámbito de la Gestión, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, encargada de la emisión de los actos de autoridad de competencia de la SEMARNAT, es la Unidad Administrativa con el menor presupuesto en la estructura del Sector, aun cuando en las Delegaciones Federales se emiten actos de autoridad del ámbito de competencia de esta Subsecretaria de manera desconcentrada, la limitada disposición de recursos materiales, humanos y financieros, obligan a una gestión inconsistente en el plano nacional.

En todo este ámbito, es posible señalar que, si la regulación ambiental ha tenido un amplio desarrollo alcanzando niveles de especialización de vanguardia a nivel mundial, la posibilidad de aplicación de esta regulación, sigue manteniendo una estructura desproporcionada; demasiadas tareas, demasiadas responsabilidades y un magro, muy magro presupuesto, este es el reto que enfrenta la LGEEPA, las Leyes especializadas del sector ambiental, las Instituciones Ambientales y el desarrollo sustentable del país, en tanto no exista un Sector Ambiental Solido, consistente y Armónico, la regulación ambiental continuara siendo una posibilidad, pero sólo eso, una posibilidad de alcanzar un verdadero desarrollo sustentable.

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Este 2014 concluye el decenio de la educación sostenible propuesto por la UNESCO como respuesta al deterioro visible del medio ambiente y al rompimiento de la armonía del ser humano con la naturaleza. En este contexto el Día Mundial de la Educación Ambiental se conmemora cada 26 de enero.

Antecedentes de la educación ambiental

  • A principios de los años setenta se reflejó una creciente preocupación a nivel mundial por la degradación del medio ambiente; en foros internacionales se empezó a mencionar a la Educación Ambiental como parte de las estrategias para integrar a la sociedad con la naturaleza.
  • El Día Mundial de la Educación Ambiental tuvo su origen en 1975, con la publicación en Belgrado de los principios de la Educación Ambiental, de acuerdo con los programas de las Naciones Unidas.
  • En 1977 la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental organizada por la Unesco en Tbilisi, ex República Socialista Soviética de Georgia dejó claro que las Educación Ambiental no consistía en conocer aisladamente los recursos naturales, sino que había que integrar los aspectos económicos, políticos y ambientales de la sociedad e incluirlos en los sistemas de educación.
  • En diciembre 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 57/254, proclamó el periodo 2005-2014 Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, designó a la UNESCO organismo rector de la promoción del Decenio.

La educación ambiental en México

Los primeros esfuerzos en México en torno a la instrucción ambiental datan de la década de los 30s; estuvieron orientados a la conservación de algunas formas de vida siguiendo la tendencia de la escuela conservacionista de Estados Unidos. El artículo 4o de la Constitución Política de México consagra el derecho a un medio ambiente sano que impulse las posibilidades de desarrollo social y realización individual. La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente estable la necesidad de contribuir a que la educación se constituya en un medio para elevar la conciencia ecológica de la población, mediante la consolidación de esquemas de comunicación que fomenten la iniciativa comunitaria. En esta ley se señala que las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como la formulación cultural de la niñez y la juventud. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) informa además que dentro de sus programas cuenta con un departamento de Cultura Forestal y de Capacitación así como con un portal que alberga información relevante en materia forestal para especialistas y público en general. El objetivo dictado por el Ingeniero Jorge Rescala Pérez, director de la CONAFOR es contribuir a la difusión de la información agroforestal y medioambiental en diferentes formatos, para los estudiantes de carreras afines, bachilleres especializados forestales, así como cualquier persona interesada en estos temas. La óptica de la institución en este sentido es muy clara y se apega a la política ambiental orientada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y que refuerza las intenciones de nuestro país por evitar las emisiones del Gas de Efecto Invernadero (GEI) y combatir el Cambio Climático.

Fuente: http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/7/5175Este%20%2026%20de%20enero%20es%20D%C3%ADa%20Mundial%20de%20la%20Educación%20Ambiental.pdf

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) da a conocer que los envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio también representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente.
A través del Diario Oficial de la Federación se dio a conocer el decreto por el que se reforma el artículo tercero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su apartado referente a los residuos peligrosos.
Textualmente señala que son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad.
Agregó que también los envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente
Fuente: http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo245898.html#sthash.GhGSvUWG.dpuf

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