El procedimiento de evaluación del impacto ambiental (PEIA), basado en esfuerzos de predicción, ha enfrentado y enfrenta opiniones encontradas que cuestionan su eficiencia, la de los consultores que participan en el procedimiento y la de quien asume la responsabilidad que implica cada decisión. Los ejemplos de esto son constantes y, casi siempre se ventilan primero en los medios.
Es incuestionable que el PEIA demanda una actualización y perfeccionamiento permanente, tanto en lo estrictamente administrativo y jurídico, como en lo técnico ambiental; ello para ir emparejado a la dinámica del desarrollo económico de nuestro país y a la necesidad de mejorar los instrumentos de prevención al daño ambiental que pueden ocasionar obras y actividades mal concebidas.
Hay pendientes importantes en esto: Ley, Reglamento y procedimientos deben ser revisados a profundidad. Ya no se entiende cómo una responsabilidad tan importante como lo es decidir la viabilidad ambiental de obras y actividades, a veces de gran envergadura, quedan constreñidas al trabajo de unos cuantos. En adición, no es congruente que cualquier persona pueda aventurarse a elaborar los documentos con los que se identifica y evalúa el impacto ambiental de una iniciativa de inversión, ello ha devenido en la caída de la calidad de los estudios que soportan a las iniciativas respectivas.
El equipo técnico que realiza este trabajo en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, en sus más de trece años de existencia como tal, reúne a un grupo de profesionales, encabezados por su titular, con verdadera vocación por el servicio y que enfrentan cotidianamente la enorme responsabilidad de tomar decisiones que impactan directamente al ambiente, a la sociedad y al desarrollo económico de nuestro país.
Las decisiones que asumen estos servidores públicos, invariablemente están sustentadas sobre la ética de cada profesional que participa en el proceso y sobre criterios que aseguran la sustentabilidad de las iniciativas de inversión que se someten a su consideración; es importante destacar que no prevalecen criterios de conservación per se, o de un simple análisis económico. Es el resultado de un esfuerzo de equipo y de una praxis que tiene que decidir, aún en condiciones que van a ser utilizadas en su contra por quienes estiman que dicha iniciativa no conviene a sus intereses.
Así, se ha hecho recurrente desconocer el importante papel que desempeña la autoridad en el procedimiento de EIA. Invariablemente, cuando una decisión “no gusta” a determinados autores, vuelcan su inconformidad hacia quien ostenta el cargo de autoridad responsable y se le imputan todo tipo de calificativos. Esta ha sido la tarea de diversos actores en los últimos años; en realidad parece que el fin es otro, parece que lo que se busca es minar la personalidad de quien ejerce el cargo de autoridad responsable en turno para imponer lo que, según su criterio es correcto o más les conviene.
El cargo de Director General de Impacto y Riesgo Ambiental en la SEMARNAT la sido la posición mas lucrativa para quienes hacen del vituperio una profesión; en ocasiones, desconociendo incluso que estuvieron en esa misma posición, olvidando lo que ahora señalan como inútil y, ese tipo de actuaciones se vincula a uno de los grandes y graves problemas de nuestro país: la pérdida de credibilidad en nuestras autoridades, lo cual es el resultado, por una parte, de ejemplos vergonzosos de unos cuantos, muy pocos por cierto, que han ocupado u ocupan cargos de responsabilidad en el gobierno; también es el resultado de actuaciones carentes de toda lógica en las cuales autoridades de control evalúan al servidor público que, según su corta mira, ha infringido líneas administrativas, pero que al traducirse en medidas punitivas, con el beneplácito de niveles superiores, menoscaban la presencia de esa autoridad. Por otra parte, es el resultado de una “labor de zapa” que tiende precisamente a ello. Son numerosos y frecuentes los ejemplos encabezados por todo tipo de actores, pero cabe destacar que no se difunde con igual vigor, de parte de esos gestores a modo, sus propuesta para perfeccionar un procedimiento de prevención tan importante como lo es la Evaluación del Impacto Ambiental, parece que no las tienen ya que es más fácil imputar dolo o conductas inapropiadas a la autoridad responsable, que diseñar y proponer alternativas de mejora al procedimiento, esto es se olvida que en un ejercicio honesto de ocupación por las cuestiones del ambiente, las propuestas y los compromisos deben ir por delante del señalamiento aislado de omisiones o decisiones diferentes.
En esa labor de zapa, los consultores también reciben adjetivos que tienen a desconocer la profesionalidad y ética del trabajo de muchos. Se llega incluso a plantear que solo determinadas elites tienen capacidad para ser los únicos referentes a los que debe acudir cualquier inversionista para hacer la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos.
Los consultores especializados en la evaluación del impacto ambiental deben estar vinculados a un proceso de reconocimiento que asegure a la autoridad y al inversionista la ética y la eficiencia de sus servicios. La instrumentación de un “Padrón de consultores en EIA”, es apremiante y debe impulsarse hasta concretarla en una realidad.
La AMIA considera que es tiempo de poner un coto a las actuaciones de diletantes y de opositores por sistema; la autoridad ambiental y el trabajo de los consultores debe ser fortalecido en todos sentidos y, antes de externar opiniones que tergiversan la realidad, invita a iniciar una campaña que tienda a plantear propuestas para incrementar la eficiencia del procedimiento de EIA y de reconocer el esfuerzo y la ética de la autoridad responsable y de los equipos de consultoría que participan en el procedimiento.
La AMIA se pronuncia no en frenar la critica propositiva, sino en favorecer la aportación de iniciativas de mejora y de reconocimiento al esfuerzo de la Institución y a la eficiencia del procedimiento. En este sentido convoco a nuestros agremiados a participar activamente en los trabajos de la AMIA, por ahora, con sus participaciones en cuanto a presentar propuestas concretas de perfeccionamiento del reglamento de la LGEEPA e inclusive, también con iniciativas de modificación de esta última para darle un nuevo enfoque que permite llevar a la vanguardia a este instrumento de la gestión ambiental.
Ricardo Juárez Palacios
Presidente de la AMIA