Estamos siendo testigos de uno de los desastres más importantes de las últimas décadas en el estado de Guerrero, si bien, la irrupción de huracanes y sus efectos asociados es un reflejo de los ciclos de los procesos naturales, tal vez incrementado en los últimos tiempos por el calentamiento global y es inevitable enfrentarlos; destaca el hecho de que ante las lluvias torrenciales provocadas por el meteoro bautizado como “Manuel”, en el corredor que va desde la desembocadura del Río Papagayo hasta Punta Diamante, el problema de las inundaciones alcanzó una magnitud desastrosa y, al respecto muchos consideramos que, la gravedad de ese problema, al menos en esa importante zona del Estado de Guerrero, pudo haberse minimizado de manera importante.
Desde los años 2000 y hasta 2004 la Comisión Federal de Electricidad desarrolló numerosos trabajos y estudios tendientes a determinar la viabilidad para construir la Central Hidroeléctrica “La Parota” en la desembocadura del Río Papagayo; el objetivo de esta obra era aprovechar el caudal de uno de los más importantes cauces del sistema hidrológico del Estado de Guerrero a través de la construcción de una Presa que almacenaría el caudal del Río, generaría electricidad para toda esa zona del Estado y regularía el caudal del Río para disminuir el efecto de las avenidas catastróficas como la que estamos registrando.
Los estudios ambientales del impacto potencial de la presa en el sistema ambiental que la albergaría, fueron conducidos por el Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA) y colaboraron investigadores de los Institutos de Ciencias del Mar y Limnología, de Geología, de Geografía, de Ingeniería, de Biología, de Ecología, la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y el Centro de Investigaciones en Energía, todos ellos dependientes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En 2003, la CFE presentó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, para su dictaminación, la manifestación de impacto ambiental elaborada por el PUMA y los Institutos antes relacionados; la DGIRA valoró el documento y para ello realizó numerosas consultas y en Diciembre de ese mismo año emitió su resolución aprobatoria en materia de impacto ambiental; en este proceso se desarrolló un procedimiento de consulta pública y una reunión pública de información (en estricto cumplimiento de lo que estipulaba el marco jurídico aplicable) misma que constituyó todo un reto por la posición radical de unos cuantos líderes de grupos ante un auditorio que rebasó el millar de asistentes (se utilizó el Centro de Convenciones de Acapulco para ello); en dicho acto la mayoría de los representantes de las comunidades involucradas con el desarrollo de la obra plantearon dudas y, paralelamente mostraron su conformidad con la construcción de la Presa, sin embargo la actuación consistente de los opositores autobautizados como “ambientalistas”, menospreciaron la utilidad de la evaluación del impacto ambiental y, asumiendo posiciones de verdadera intransigencia, con el tiempo, lograron evitar que se construyera el proyecto. Ninguno de los argumentos que emplearon (cuando los hubo), quedó sin respuesta y el tiempo ha dado la razón a la necesidad que había y que hay para desarrollar esta obra.
Es momento de aprender de los errores y dejar en claro dónde estaba la razón; el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, llevado adelante por las instituciones más calificadas del país (y de muchos países), analizado y valorado por la autoridad competente, constituida en el marco de la Ley, era la garantía ineluctable de su viabilidad ambiental, pero por enésima ocasión se impuso la sinrazón y el interés sesgado de pseudo ambientalistas.
La sociedad debe poner atención en estos antecedentes e irse formando una opinión objetiva, ante el embate persistente de quienes lo único que buscan es detener el desarrollo del país; se debe fortalecer la confianza en la autoridad ambiental y confiar (de manera informada) en las resoluciones que se tomen en relación a este tipo de proyectos que no solo proporcionaran bienes y servicios, sino que, en algunos casos como lo fue el de la Presa La Parota, incrementarían los niveles de protección para las comunidades ante los embates de los fenómenos naturales.