Julia Carabias
26 Oct. 13
En las últimas semanas se ha suscitado una interesante polémica en torno al decreto modificatorio del Parque Nacional Nevado de Toluca que vale la pena analizar con la finalidad de contribuir a encauzar las legítimas preocupaciones en pro de la conservación de la biodiversidad. Para ello se requiere un poco de historia.
El primer ímpetu gubernamental para la conservación de espacios naturales estratégicos mediante áreas naturales protegidas (ANP) ocurrió en los años treinta con el liderazgo de Miguel Ángel de Quevedo. Sin embargo, durante las siguientes seis décadas las ANP quedaron en el absoluto abandono sufriendo, muchas de ellas, un profundo deterioro. A partir de los años noventa regresaron a la agenda pública, gracias al empuje de organizaciones sociales, a las evidencias científicas sobre la acelerada pérdida de la biodiversidad y de sus servicios ambientales, así como a los acuerdos multilaterales surgidos de la Cumbre de Río en 1992 y de algunos importantes decretos de reservas de la biosfera en los años setenta y ochenta. Desde entonces se fue fortaleciendo el régimen jurídico e institucional de las ANP llegando en 2000 a la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). La prioridad fue realizar una gestión efectiva in situ de las ANP, asignando personal calificado y elaborando los programas de manejo de cada una. Con ello se acabó el abandono, pero no los añejos problemas. En 1999 el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conformado por notables conservacionistas, recomendó analizar la situación del Sistema Nacional de ANP y depurarlo para brindar certidumbre y viabilidad, modificando, o en su caso abrogando, decretos de ANP que ya no cumplieran con su propósito original debido al deterioro acumulado durante los años de abandono.
El Parque Nacional Nevado de Toluca es ejemplo de esta irresponsable historia y, muy particularmente, de la contradicción entre la política pública de conservación y la del reparto agrario. Este Parque se creó en 1936 por medio de un decreto expropiatorio sobre una superficie que incluía a 24 ejidos. No sólo la indemnización nunca se ejecutó, sino que, además, durante las siguientes décadas se continuó dotando de tierras hasta llegar en la actualidad a 54 núcleos agrarios en donde habitan más de 10 mil personas. Los ejidatarios con derechos agrarios han realizado, por más de medio siglo, cambios de uso de suelo, eliminando la cobertura forestal para la agricultura, ganadería, explotación de madera y, por si fuera poco, en las últimas dos décadas se instalaron ilegalmente varias graveras.
La contradicción radica en que la figura jurídica de parque nacional, la más estricta en la legislación, no permite asentamientos humanos, así como ningún tipo de intervención, excepto actividades recreativas, turísticas, educativas y de investigación. Incumpliendo con esto, el gobierno fundó nuevos centros de población y apoyó con recursos económicos el cambio de uso de suelo. El resultado es un parque nacional altamente deteriorado.
Tras un análisis jurídico y técnico detallado que duró tres años y una consulta pública durante los primeros cinco meses de 2013, se llegó a la conclusión de que lo procedente para esta ANP era la modificación del decreto para transformarlo en área de protección de flora y fauna, modalidad que permite, mediante el programa de manejo, emprender acciones para la recuperación de las masas forestales en terrenos que actualmente están dedicados a la agricultura y ganadería y promover proyectos de manejo sustentable con los pobladores. La modificación del decreto fue una medida necesaria para que, a partir de ahora, se pueda intervenir legalmente en la reversión de las tendencias de deterioro en esta ANP, lo cual, con la categoría de manejo anterior no era posible.
Existen otras ANP con situaciones semejantes cuyos decretos deberán ser analizados cuidadosamente, con fundamentos técnicos y jurídicos sólidos, de manera muy transparente, con la participación de los actores involucrados e interesados y con una comunicación abierta y oportuna, para que, lejos de flexibilizar la política de conservación, se promuevan las acciones necesarias para recuperar el patrimonio natural deteriorado.
El Consejo Nacional analizó este tema en su última sesión y concluyó que para cumplir con los grandes retos que tiene la Conanp de asegurar la consolidación de las ANP existentes, garantizar que no continúe su deterioro y aumentar la superficie bajo protección de áreas estratégicas por su biodiversidad (lo cual es una meta nacional y un compromiso multilateral), es indispensable y urgente fortalecer a la institución con más presupuesto y plazas.
Pronto se discutirá la Ley de Egresos de la Federación. Es la gran oportunidad de mostrar el compromiso, del Ejecutivo y del Legislativo, de fortalecer la protección de nuestro patrimonio natural por ser causa de utilidad pública y de seguridad nacional. Pero sin recursos económicos ni humanos suficientes, no será posible lograrlo.
Republicado de: http://www.reforma.com/editoriales/nacional/719/1436740/